Xunta critica que el estatuto para electrointensivas «no aporta soluciones» y pone en riesgo a la industria
Reclama al Gobierno que «reaccione» con más medidas que reduzcan el diferencial de 20 euros por megavatio frente a países competidores
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22
El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha lamentado que con el nuevo estatuto para empresas electrointensivas –aprobado por el Gobierno central– se sigue «en la situación de partida», puesto que «no aporta soluciones» ni «tampoco certezas» respecto al precio de cara al futuro.
En declaraciones este martes tras reunirse en Santiago con representantes de empresas electrointensivas, Conde ha alertado de que el estatuto «está poniendo en riesgo la viabilidad» de la industria gallega.
Por ello, pide al Gobierno que «reaccione» e implemente medidas «concretas» que supongan una mayor «competitividad» para las compañías, dado que en Galicia se paga 20 euros más por megavatio de lo que hacen competidores en Francia o Alemania. Una cuestión que considera «insostenible».
De este modo, pide más medidas en el marco del estatuto que se aplican en otros países. El Gobierno gallego demanda que se active «el 100%» de las compensaciones por CO2, pues en este momento en España solo es del 20% a pesar de que la Comisión Europea habilita ese 100%.
También llama a celebrar un sistema de subasta de interrumpibilidad en el que se contemple la figura de consumidor hiperelectrointensivo. Junto a esto, se llama a eliminar los peajes de transporte, como ocurre en Francia y Noruega.
Finalmente, Conde apela al Ejecutivo central a reducir la fiscalidad y a incluir una exención del impuesto de generación eléctrica sobre estas empresas.
SOLO 50 CÉNTIMOS
Todo ello con el fin de reducir ese diferencial de 20 euros por megavatio respecto a otros países europeos.
Y es que Francisco Conde reprocha que este nuevo estatuto electrointesivo, aprobado con retraso respecto a lo anunciado en su día por el Gobierno, supone solo «un ahorro de 50 céntimos por megavatio».
Precisamente, recrimina que ese texto supone «más obligaciones que beneficios» para las empresas, «más exigencias que retorno», por lo que hace «inviable» mantener la competitividad.
Igualmente, se queja de que el estatuto no responde a las necesidades de las grandes consumidoras, pues aumenta el rango de 120 compañías a hacerlo a ahora a 600.
