El conflicto en el norte de Mozambique deja ya casi 530.000 desplazados
La ONU solicita 254 millones de dólares para asistir a 1,1 millones de personas afectadas por la violencia yihadista en Cabo Delgado
El rápido deterioro de la seguridad en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, como resultado del incremento de las acciones del grupo terrorista Estado Islámico en África Central (ISCA) deja ya casi 530.000 desplazados internos, según los últimos datos de la ONU, que ha solicitado este viernes 254 millones de dólares con los que espera atender a 1,1 millones de personas afectadas por el conflicto.
La cifra actual de desplazados, la mayoría de los cuales están en Cabo Delgado pero algunos también en las regiones vecinas de Nampula y Niassa, es casi cinco veces la que había en marzo, cuando los yihadistas recrudecieron sus acciones, provocando decenas de miles de desplazados cada mes desde entonces.
«En 2020, la población se vio forzada a huir de sus hogares con nada más que las ropas que vestían. Perdieron sus pertenencias, sus medios de vida, su futuro», ha ilustrado la coordinadora humanitaria de la ONU en Mozambique, Myrta Kaulard, subrayando que «la asistencia humanitaria es vital para aliviar su sufrimiento».
La responsable de la ONU ha reconocido que preocupa en particular «el sufrimiento de niños y mujeres», dadas las graves violaciones y abusos a los que se exponen quienes huyen de la violencia. «Mujeres y niñas están en riesgo de secuestro, violencia de género y explotación, mientras que los niños corren el riesgo de ser asesinados o reclutados por los actores armados», ha subrayado.
«Nos preocupa mucho la suerte de los civiles que siguen atrapados en áreas aisladas por la violencia», ha puntualizado. Según ha precisado por su parte el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Babar Baloch, «el acceso a algunas zonas como Nangade, Mocimboa da Praia, Muidumbe, Macomia, Meluco y Quissanga es limitado debido a la violencia, la inseguridad y la estación de lluvias, por lo que algunas comunidades han estado sin servicios básicos desde hace meses».
Más de 2.000 personas han muerto desde que comenzaron los ataques en Cabo Delgado en octubre de 2017. Desde entonces, ha habido «casas saqueadas y quemadas, familias separadas y centros de salud y escuelas seriamente dañados», ha denunciado el portavoz de ACNUR, subrayando que como consecuencia de la violencia «el acceso a los terrenos agrícolas se ha visto bloqueado y otras actividades económicas han quedado limitadas».
RIESGO DE PROPAGACIÓN A OTROS PAÍSES
Además, ha prevenido, «hay una seria indicación de que esta crisis podría extenderse más allá de las fronteras del país». De hecho, a finales de octubre ISCA llevó a cabo un ataque en la localidad tanzana de Kitaya, del otro lado de la frontera, que dejó una veintena de muertos.
En los últimos días, según Baloch, ha habido un incremento de los ataques en los distritos de Palma, Nangade y Macomia. «Muchas personas se han visto obligadas a trasladarse varias veces y la situación de los afectados por el conflicto se está deteriorando rápidamente», ha advertido.
Más del 90 por ciento de los desplazados están viviendo con familiares y amigos, cuyos ya de por sí escasos recursos se están viendo aún más reducidos por lo que Kaulard ha advertido de que «las comunidades de acogida también necesitan apoyo, ya que su ejemplar solidaridad está llegando al límite».
Además, según la ONU, muchas de las zonas que albergan a desplazados se inundarán durante la inminente estación de lluvias, por lo que las autoridades locales y las organizaciones humanitarias están en una carrera contrarreloj para establecer nuevas zonas de asentamiento con condiciones adecuadas para reasentar a los desplazados.
PETICIÓN DE FONDOS
La coordinadora humanitaria de la ONU ha agradecido la generosidad mostrada por la comunidad internacional hasta ahora ante la «crisis extremadamente desafiante» a la que se enfrenta Mozambique, pero ha advertido que dado que las necesidades aumentan con rapidez, «hacen falta más fondos» con el fin de incrementar la respuesta.
«Contamos con el apoyo de la comunidad internacional para que ofrezca financiación a tiempo para garantizar que las personas que huyen de la violencia pueden acceder a tan necesaria ayuda», ha confiado Kaulard.
Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas a los que popularmente se conoce como Al Shabaab, sin que estén relacionados con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia, y que desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por ISCA.
La filial de Estado Islámico ha recrudecido sus acciones desde el pasado marzo y desde agosto controla la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia. En las últimas semanas, ha intensificado sus ataques y ha llevado a cabo decenas de decapitaciones, generado una ola de desplazamientos.
