Expertos de la ONU denuncian una persecución de la sociedad civil en Venezuela
Expertos de la ONU han denunciado que, desde noviembre, el Gobierno venezolano «ha estigmatizado y perseguido sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las voces disidentes y a los defensores de los Derechos Humanos», a pesar de que desempeñan «un papel clave» en el desarrollo del país sudamericano.
El relator sobre libertad de reunión, Clément Voule; la experta sobre libertad de expresión, Irene Khan; la relatora sobre defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlo:, y la responsable de vigilar la protección de derechos y libertades en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, han salido de forma conjunta en defensa de las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
Estas organizaciones «son más esenciales que nunca», habida cuenta de la «preocupante situación socioeconómica» que atraviesa Venezuela, que «empeoró durante la pandemia» de COVID-19. «Su papel en la protección de los derechos humanos y en la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado», han añadido.
En este sentido, han considerado que reformas recientes como la que amplía la supervisión de la financiación de las ONG tienen «efectos paralizantes» para las organizaciones, lo que en última instancia empeora las «violaciones de los derechos económicos y sociales» de las personas que reciben ayuda.
También temen que medidas como la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo puedan servir para limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Los expertos han exhortado a la nueva Asamblea Nacional, surgida de unas elecciones que la oposición no ha reconocido por consideraras un «fraude», a aprobar leyes en favor de las ONG y los activistas, así como a abolir la Ley contra el Odio aprobada en 2017.
«La libertad de asociación y la libertad de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática», han recordado los relatores, que han instado a las autoridades a dejar de «intentar controlar» a las organizaciones, de «estigmatizar públicamente» a sus líderes y de «criminalizar» su trabajo.
