Podemos presiona a PSOE acordando con siete partidos un manifiesto para suspender cortes de suministros energéticos

Surge en plena negociación dentro de la coalición para recuperar esta medida en el denominado escudo social

(EUROPA PRESS

Unidas Podemos ha suscrito junto a Más País, Junts, la CUP, EH Bildu, Compromís, BNG y Coalición Canaria, un manifiesto que exige la aprobación cuanto antes de un decreto para suspender cortes de suministros de población vulnerable. Además, quieren que el impago de facturas se asuma en un fondo de compensación financiado al cien por cien por las propias compañías energéticas.

La firma del documento, elaborado por varios colectivos sociales, se produce en plena negociación en el seno del Gobierno en coalición para recuperar la prohibición que se aplicó durante el primer estado de alarma y eleva la presión hacia el PSOE para lanzar una iniciativa que abarque todos los suministros energéticos, es decir, electricidad, gas y agua.

Los portavoces de estas formaciones se han reunido en el Congreso con Ecologistas en Acción, Aliança contra la Pobresa Energètica, Coordinadora de Vivienda Madrid, Aigua és Vida, Enginyeria Sense Fronteres, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Red Agua Pública para abordar este asunto y suscribir el texto.

En el manifiesto, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama la implementación de un real decreto-ley que «vuelva a proteger a las miles de familias que «a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas.

Para ello, demandan que el Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, impulse «cuanto antes» una herramienta que «obligue» a las compañías suministradoras a consultar con los servicios sociales competentes la situación de vulnerabilidad ante avisos de cortes, a fin de garantizar que se mantendrá el suministro.

A su vez, los colectivos y partidos que apoyan el manifiesto quieren que las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, por un sistema de financiación participado al cien por cien por las propias compañías energética.

También solicitan un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro hasta la puesta en marcha del citado decreto. «Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia», razona el documento.

Pero además quieren que se redefina la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda «ampliar» los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, pues ahora «no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte».

«No se trata de una mera cuestión de justicia social y de cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y dar cumplimiento a los Derechos Humanos. También se trata del deber ineludible del mismo Estado de velar por el bienestar de los colectivos más vulnerabilizados de nuestra sociedad, que son precisamente los que están sufriendo de forma más aguda de la actual crisis», ahondan.

Al respecto detallan que en el primer estado de alarma se suspendió los cortes, medida que según los datos aportados por el Gobierno a una pregunta del senador socialista Miguel Ángel Heredia, evitó hasta junio de 2020 un total de 200.000 cortes de suministro eléctrico, mientras que 150.000 hogares quedaron protegidos de la interrupción de su suministro de gas natural. Además, se estima que, en el caso de la electricidad, la cifra podría llegar a los 270.000 hasta el 30 de septiembre.

A pesar de estas cifras, ven «sorprendente» que la prohibición de interrupciones de suministros no se prorrogara a finales de septiembre junto a otras del escudo social . Por tanto, entienden que no puede pasar más tiempo sin proteger a estas familias.

TENSIÓN EN LA COALICIÓN

Precisamente esta semana, Unidas Podemos reprochó a la vicepresidenta Teresa Rivera su posición en el tema de los cortes de suministro, y la responsable de Transición Ecológica se mostró ayer «sorprendida» por esas críticas, que tacha de «extrañas».

Hoy la secretaria de Estado para Agenda 2030, Ione Belarra, señalaba en una entrevista a Europa Press que espera lograr un acuerdo de cara a llevar la prohibición al Consejo de Ministros del próximo martes, pese a que aún no disponía de la propuesta elaborada por el departamento que lidera Ribera. En todo caso, ha enfatizado que la medida deberá recoger la suspensión de cortes de suministros en todas las modalidades: agua, luz y gas.

HASTA AHORA SOLO PALABRAS

Representantes de las ocho formaciones han acompañado a los portavoces de los colectivos sociales impulsores del manifiesto, que han comparecido ante los medios a las puertas del Congreso.

La portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano, sospechan sobre el planteamiento de Transición Ecológica solo habla de electricidad, pero no de agua o gas. Por tanto, habrá que ver la «letra pequeña» de la redacción de la prohibición.

También ha marcado como elemento fundamental que sea la empresa suministradora la que pregunte a servicios sociales para certificar esa vulnerabilidad y que se tenga en cuenta la «complejidad de cada situación», pues mucha gente «no sabe del bono social». «Hasta ahora todo son palabras, palabras, palabras», ha lamentado el miembro de Ecologistas y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Paco Blanco.