Cantabria demanda en la Audiencia Nacional el pago de los 45,5 millones del IVA de 2017
El Estado tiene 20 días para contestar al recurso cántabro
El Gobierno de Cantabria ha formulado este jueves en la Audiencia Nacional la demanda interpuesta el pasado mes de septiembre para reclamar al Estado la mensualidad de IVA impagada en diciembre de 2017, por importe de más de 45 millones -45.561.540 euros-, y los intereses legales correspondientes.
Este trámite es un paso más en el procedimiento judicial iniciado el pasado mes de septiembre con la presentación del recurso contencioso-administrativo y supone la apertura de un plazo de 20 días para que la Administración Central responda al requerimiento cántabro.
De la presentación de la demanda ha informado, este jueves en rueda de prensa, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha pedido que «se pague» aquello que «es de justicia».
En su comparecencia ante los medios para dar cuenta de las medidas Covid ante la Navidad, el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE ha comparado este proceso con el seguido para reclamar al Estado el pago de la deuda por las obras del Hospital Valdecilla, pleito en el que la Audiencia acaba de dar la razón a Cantabria.
DAÑOS Y PERJUICIOS
En un documento de 39 páginas los servicios jurídicos del Gobierno argumentan los perjuicios que ha supuesto para la Comunidad Autónoma el impago de la mensualidad de IVA que se produjo en 2017, como consecuencia de una modificación legal cuyas consecuencias no se conocieron hasta que se realizó la liquidación del impuesto dos años después, en 2019.
El recurso formalizado en la Audiencia Nacional constituye una reclamación de cantidad por 45,5 millones y los intereses legales que procedan por los «daños y perjuicios causados al vulnerarse los principios de autonomía y suficiencia financiera», dado que la modificación normativa que provocó el impago «ha afectado de forma directa a los ingresos de la Comunidad Autónoma, sin una previa ni posterior modificación del sistema de financiación».
En este sentido, aduce que la actuación el Estado ha vulnerado el principio de transparencia, «lo que ha impedido adoptar las medidas necesarias para que Cantabria no se viera avocada a la situación actual».
También considera infringidos los principios de confianza legítima y lealtad institucional, tanto antes de aprobarse el Real Decreto que modificó la normativa sin canalizar la reforma por el órgano competente y explicar la incidencia, como con posterioridad a su entrada en vigor y aplicación en 2019, «al no adoptarse medidas compensatorias adecuadas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas».
El Gobierno de Cantabria formaliza esta demanda después de ver ratificada por la Audiencia Nacional la que presentó para reclamar la anualidad de Valdecilla impagada por el Estado en 2016.
