El Gobierno confía en que el Consejo Europeo logre el acuerdo de Polonia y Hungría para desbloquear el fondo post-Covid

La presidencia alemana de la UE trabaja en una declaración sobre la aplicación de la condicionalidad al respeto del Estado de Derecho

El Gobierno confía en que los gobernantes de la UE logren encontrar en el Consejo Europeo de este jueves y viernes una fórmula para que Polonia y Hungría desbloqueen la puesta en marcha del fondo europeo de recuperación post-Covid.

La fórmula en cuestión, en la que trabaja la presidencia alemana de la UE, giraría en torno a una declaración interpretativa, bien en un documento aparte o bien en las conclusiones del Consejo, para garantizar a los dos países que el reglamento que condiciona las ayudas al respeto del Estado de Derecho se va a «aplicar la manera más objetiva posible y no va a haber ningún tipo de sesgo», ha explicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba.

Según este responsable, las declaraciones que hizo este martes el primer ministro húngaro, Viktor Orban –afirmando que el acuerdo estaba «a un centímetro» de distancia– «dan sensación de que hay aproximación» y de que los líderes puedan alcanzar el acuerdo.

A ello se han sumado, este miércoles, unas declaraciones del viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, hablando ya de un acuerdo. González-Barba, que ha recibido esa información durante su comparecencia, ha dicho que aún estaba sin confirmar por la presidencia alemana y que si se confirmase sería una buena noticia para retirar los últimos escollos.

El objetivo es que Varsovia y Budapest voten a favor del marco financiero plurianual (MFF) y de la decisión de elevar los recursos propios para que la Comisión Europea pueda endeudarse en los mercados para recabar los fondos que se entregarán a los Estados. Ambos asuntos requieren unanimidad de los Estados miembros, no así el reglamento sobre Estado de Derecho en cuestión, que está aprobado por mayoría cualificada y está descartado que Polonia y Hungría vayan a apoyarlo.

González-Barba ha señalado que estos países siempre pueden optar por interponer recurso de anulación. También ha dejado claro que no preocupa en absoluto que la condicionalidad se pueda imponer a otros países: «en absoluto hay miedo, es una cosa que hacemos todos porque queremos todos un control suplementario del mantenimiento de Estado de Derecho».

El responsable español ha explicado que él mismo ha viajado en las últimas semanas tanto a Polonia como a Hungría para transmitir el mensaje de que el reglamento no se puede modificar, una iniciativa que el Gobierno adoptó porque ha estado muy implicado en lo relativo a este fondo y «no podía permanecer ajena a los últimos coletazos».

Según ha dicho, en todo momento ha estado informando a la presidencia alemana de la UE porque la intención es que quedase muy claro que «el Consejo no flaquea en absoluto» en su empeño de no «sacrificar» la defensa de los valores europeos por el interés del fondo.

A su modo de ver, el veto de Hungría y Polonia ha llevado a todos, ellos incluidos, a un «callejón sin salida», porque ambos países se beneficiarán del fondo y también son dos de los más beneficiados por los presupuestos ordinarios de la UE, que no pueden aprobarse sin su visto bueno.

NEGOCIACIONES PARA EL BREXIT

González-Barba también ha dicho mantener la «esperanza» de que haya un acuerdo entre Bruselas y Londres sobre la relación de ambos después del 31 de diciembre, aunque aún no hay acuerdo en tres ámbitos: los derechos pesqueros, las condiciones de competencia (lo que se conoce como level playing field ) y la gobernanza del acuerdo. En concreto, ha confiado en una «solución razonable» para los pescadores que dependen de los caladeros británicos.

En este caso, ha mencionado como «señal positiva» hacia un acuerdo que este martes, en el Comité conjunto que supervisa el periodo de transición, Reino Unido se comprometió a eliminar tres cláusulas polémicas de su Ley de Mercado interior (las número 44, 45 y 47).

El Consejo Europeo tendrá sobre la mesa otros asuntos, entre ellos la lucha contra el cambio climático, la cooperación contra el terrorismo y la renovación de las prioridades de la agenda trasatlántica con vistas a la Administración Biden.

En este punto, el diputado de Vox José María Sánchez le ha afeado que, especialmente siendo diplomático, dé por hecha la victoria de Biden cuando aún está pendiente de recursos judiciales. El secretario de Estado le ha respondido que así lo han reconocido también todos los gobiernos europeos.

TURQUÍA

También estará sobre la mesa la relacion con Turquía, algo que, ha dicho, «no es una buena noticia», porque si es así es porque ha seguido habiendo «actos unilaterales» de delimitación marítima y de prospecciones gasísticas en áreas en disputa.

España, ha dicho, parte de la solidaridad con los socios europeos Grecia y Chipre y la exigencia de que se respeten sus aguas territoriales pero es partidario del diálogo tanto sobre la delimitación marítima como sobre la reunificación de Chipre. Eso, sin embargo, exige que cesen las actuaciones unilaterales turcas y las «descalificaciones personales» a líderes europeos.

A preguntas de distintos grupos sobre la posición de Turquía en el Mediterráneo y en el conflicto de Nagorno-Karabaj (Junts, Bildu, PNV), González-Barba, que fue él mismo embajador en Ankara hasta hace menos de un año, ha explicado los pormenores de la relación de la UE con este país, un «socio capital» para los europeos, con una numerosa comunidad de binacionales y numerosos vínculos económicos.

Por un lado, ha pedido distinguir la relación entre Estados de la «afinidad ideológica» que pueda exisitir entre gobiernos. Por otro, ha detallado que si la UE está valorando imponer sanciones a Turquía es exclusivamente por sus acciones en el Mediterráneo Oriental y no por su actitud en otros escenarios como el Cáucaso o Libia. En ellos, ha dicho, también intervienen otros actores y no se está planteando imponer sanciones.

Lo mismo sucede con lo que los diputados han llamado «deriva iliberal» de la autoridades turcas. Así, ha señalado que sobre este asunto la UE reaccionó congelando la candidatura turca a la UE en 2018.