El número de trabajadores en ERE en Cantabria se multiplica por más de once hasta septiembre, hasta los 9.422

El 99% está en EREs de reducción de jornada o suspensión de contrato

MADRID/

El número de trabajadores afectados en Cantabria por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a la Dirección General de Trabajo se multiplicó por más de 11 entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 9.422, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas.

De los 9.422 trabajadores afectados en Cantabria por regulaciones de empleo hasta septiembre, el 99,06% (9.333 trabajadores) estaban en procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada y sólo el 0,94% –89 empleados– fueron objeto de un despido colectivo.

Los primeros se han multiplicado por más de 14 respecto al mismo periodo de 2019 –cuando estaban afectados 641–, mientras que los segundos se han reducido un 58,6% al pasar de 215 a 89.

Del total de 9.422 trabajadores afectados por ERE en Cantabria en los primeros nueve meses del años, solo 8 se corresponden al mes de septiembre, de los cuales 2 se vieron afectados por un despido colectivo mientras que los seis restantes estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada.

DATOS NACIONALES

En España el número de trabajadores afectados por ERE se multiplicó por casi 18 entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 974.489 afectados, de los que 6.037 corresponden sólo al mes de septiembre.

De los 974.489 trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta septiembre, el 99,3% (967.724 trabajadores) estaban en procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada y sólo el 0,69% fueron objeto de un despido colectivo (6.765 trabajadores). Los primeros se han multiplicado por más de 28 respecto al mismo periodo de 2019, mientras que los segundos se han reducido un 67,1%.

En el mes de septiembre, 1.382 trabajadores de 6.037 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada (4.655).

SIETE DE CADA DIEZ EN PROCEDIMIENTOS POR FUERZA MAYOR

De los 974.489 trabajadores afectados por ERE en los nueve primeros meses del año, casi siete de cada diez (666.035 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por más de 1.250 la del mismo periodo del año pasado (533 afectados).

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 307.921 trabajadores hasta septiembre, más de 2,6 veces que en los nueve primeros meses de 2019.

Sin embargo, analizando sólo los datos de septiembre, 6.002 afectados por ERE lo son por causas objetivas, mientras que solo 35 lo son por procedimiento de fuerza mayor.

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta septiembre (277.154), junto a hostelería (151.018) y actividades administrativas (130.784), mientras que el menor número se registró en la Administración Pública (196), las industrias extractivas (735), el suministro de agua (2.051), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (2.758) y las actividades inmobiliarias (2.818).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta septiembre un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (255.317), seguida de Cataluña (178.900) y Andalucía (121.733).

Tras estas regiones destacan Comunidad Valenciana, con 84.584 trabajadores afectados; Castilla y León, con 47.201, y País Vasco (42.891). Las menores cifras de afectados se dan en La Rioja (5.828) y Extremadura (7.826).

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborales se vio incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de ERTE generados.