El acuerdo de ERC y Gobierno prevé una inversión en Cataluña de 2.339 millones

Aragonès anuncia que el pacto de los PGE también incluye que la Generalitat gestione el IMV

BARCELONA, 25

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles que el acuerdo entre los republicanos y el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevé un incremento de la inversión del Estado en Cataluña hasta los 2.339,4 millones de euros.

En rueda de prensa telemática junto al portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián, después de que la Ejecutiva de ERC haya ratificado este acuerdo, ha destacado que las inversiones y transferencias de capital del Estado hacia la Generalitat llegarán al 19,13% del total de lo que recibirán las comunidades, por encima del peso de la población catalana (16,3%) y superará ligeramente» la contribución del PIB catalán en España (19%).

Aragonès ha subrayado que es la primera vez que esto ocurre: «Es uno de los criterios que hemos estado batallando siempre y que nunca se había cumplido».

También ha defendido que esta inversión es «una cifra totalmente excepcional», ya que supone un incremento respecto a los PGE vigentes y de los últimos años, y ha reivindicado que es la transferencia más alta de este siglo.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Aragonès ha explicado que el pacto también contempla que la Generalitat gestione directamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha calificado como «un hito importante», y ha recalcado que servirá para coordinarlo con otras prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

Preguntado sobre qué incluye el acuerdo, ha incidido en que en la ley del IMV ya se contemplaba la posibilidad de que la Generalitat gestionara este subsidio y con el acuerdo de los PGE se ha pactado que se lleve a cabo esta gestión directa desde Cataluña.

Ha añadido que también habrá una transferencia de recursos para cubrir los costes de esta prestación y para incorporar personal nuevo que se encargue de este asunto, pero ha aclarado que los criterios sobre cómo se reparte el IMV y qué personas pueden acceder no se modificarán.

Además, el dirigente republicano ha informado de que el pacto con el Gobierno incorpora un incremento en la financiación de políticas de dependencia y de becas educativas, una moratoria de la cotización de los autónomos para diciembre, enero y febrero, y la creación de un corredor humanitario para proyectos de ayuda humanitaria, de refugiados y solicitantes de asilo con una financiación de 4 millones de euros.

FONDOS EUROPEOS

El vicepresidente del Govern ha explicado que el pacto también garantiza que la Generalitat participe directamente en el reparto de los fondos europeos de recuperación por la pandemia, tanto para identificar los proyectos que se deben ejecutar como la propia gestión de los recursos.

Ha concretado que el Govern gestionará el 54% de estos fondos en Cataluña, y ha detallado que serán 596 millones de euros directos, 371 de los cuales irán a políticas ambientales y 225 a vivienda, aunque ha apuntado que estas cifras pueden aumentar durante el año «a medida que los fondos que no están distribuidos se vayan redistribuyendo».

Asimismo, ha asegurado que con el acuerdo evitarán que el Gobierno central envíe su plan a la Comisión Europea sin tener en cuenta al Ejecutivo catalán: «La Generalitat marcará sus prioridades y se trasladarán a la Moncloa para que se integren dentro del plan estatal. Nos aseguramos una posición previa».

CONTROL FINANCIERO Y «DUMPING FISCAL»

Tal y como informó ERC en el anuncio del preacuerdo, el pacto para avalar los PGE incorpora el levantamiento del control financiero sobre la Generalitat, que Aragonès ha celebrado: «Se acaba la fiscalización permanente de las finanzas de la Generalitat y la amenaza constante de intervención del Estado. Ponemos fin a cinco años de 155 económico. Ganamos libertad y margen de maniobra para dar más servicio a la ciudadanía».

Sobre el acuerdo para eliminar las ventajas fiscales en la Comunidad de Madrid y avanzar en la armonización fiscal, se creará un comité de personas expertas para establecer las bases de una reforma tributaria y un grupo de trabajo para analizar la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, que Aragonès argumenta que servirá para acabar con el «dumping fiscal», ya que considera que hay territorios que hacen competencia desleal en cuestiones fiscales aprovechándose de su situación, como en el caso de Madrid por ser la capital del Estado.

«Se han acabado los privilegios», y ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su modelo, que ha tachado de neoliberal y centralista, está a las antípodas del de ERC, y que trabajarán para revertir esta situación.

«GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO»

Aragonès ha enfatizado que el pacto con el Gobierno también contiene una disposición adicional específica para Cataluña, titulada Seguimiento de las inversiones en Cataluña , como «garantía de cumplimiento» de las inversiones y las transferencias previstas en las cuentas.

«Busca evitar lo que se ha producido en otras ocasiones, que las inversiones presupuestadas no se ejecutan o se ejecutan por debajo de la media estatal», y ha explicado que se hará a través de la Comisión mixta de infraestructuras entre Generalitat y Gobierno.

Según él, esta comisión era un instrumento que no se había utilizado hasta el momento porque el Gobierno no la quería convocar, y que el acuerdo establece que se reúna cada cuatro meses para evaluar la ejecución de las inversiones en Cataluña, en lugar de hacer esta valoración «a año vencido».

Sin embargo, ha insistido en que «la mejor cláusula de cumplimiento del acuerdo es que el independentismo sea cada vez más fuerte», ya que considera que cuando es más fuerte es más influyente, y ha advertido de que estarán atentos a que se cumpla el pacto de los PGE íntegramente.

OTROS PUNTOS DEL ACUERDO

El acuerdo, recogido por Europa Press, contempla otros aspectos como la entrada de la Generalitat en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), de manera que el Govern pueda nombrar a dos miembros del pleno de este organismo y ocupará la Vicepresidencia segunda.

También han pactado que se blinde el régimen fiscal del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para que su tratamiento fiscal será aplicable al Instituto de Crédito Oficial (ICO), y una subvención de 2,5 millones para financiar la actividad de la Sociedad de Salvamento y Socorro Marítimo y el incremento de su plantilla.