El PP lleva esta semana al Congreso la reprobación de Iglesias como «primer instigador» de los «ataques» al Rey

También someterá a votación del Pleno la inmediata destitución de Garzón por sus «groseras» palabras sobre Felipe VI

El PP llevará esta semana al Pleno del Congreso la reprobación del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por ser, a su juicio, el «primer instigador» de los «ataques a la Corona» y también la «destitución inmediata» del ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, por «sus groseras afirmaciones en relación» con Felipe VI, al que acusó de «maniobrar» contra el Ejecutivo.

Así consta en la moción que el PP que es consecuencia de la interpelación que la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, dirigió en el último Pleno al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que también se insta al Gobierno a «poner fin a sus agresiones institucionales».

Esta iniciativa llegará a la Cámara Baja días después de conocerse el escrito del juez Manuel García Castellón solicitando al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias en el marco del caso Dina , un asunto que previsiblemente echarán en cara al vicepresidente, a quien el PP pide que dimita o que Sánchez le cese.

De hecho, el lider del PP, Pablo Casado, tiene registrada una pregunta para la sesión de control del próximo miércoles interrogando directamente a Pedro Sánchez por la continuidad de Iglesias en el gobierno.

En el texto de la moción, recogido por Europa Press, los populares alertan de que «la tala de las vigas maestras del Estado de Derecho y el asedio a la independencia de las instituciones ha sido el pan de cada día de la vida pública» desde la investidura de Pedro Sánchez, al que reconocen su «victoria democrática en las urnas», pero recriminan que después decidiera «libérrimamente echarse en brazos de todos los enemigos de la España constitucional».

Según el PP, nunca como ahora «la división de poderes y los contrapesos constitucionales habían sido objeto de una amenaza tan intimidante trascendencia» que considera «innimaginable» en nuestro entorno democrático.

SOMETER A LOS PODERES DEL ESTADO

Como ejemplos de esta situación cita «el cortocircuito del Ministerio Fiscal en manos de una comisaria política», en referencia a Dolores Delgado; las «presiones» para «colonizar y someter a vasallaje político a los organismos del Estado» o los «desmedidos improperios lanzados contra órganos judiciales por parte de Iglesias», al que retrata como «líder de un partido abiertamente negacionista del pacto constitucional y recientemente imputado por financiación ilegal».

El PP percibe que se está planteando «un jaque en toda regla» a las instituciones democráticas y la independencia judicial, a lo que se unen dos «torpedos propulsados desde Moncloa contra la línea de flotación del consenso constitucional»: la «mesa de la autodeterminación» creada con los independentistas catalanes para la «quiebra de la integridad territorial y la voladura en mil pedazos de la soberanía nacional» y el «blanqueamiento como interlocutor parlamentario de la heredera política por línea directa de una organización terrorista que asesinó a más de 800 españoles».

Para los de Pablo Casado, Sánchez ha desplegado una «agenda ideológica socialmente divisiva como cortina de humo para ocultar que España es el país peor gobernado de Europa» y también ha orquestado una «estrategia frentista de polarización política como maniobra de distracción ante su fracaso estrepitoso» para afrontar la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales.

OPERACIÓN DE DERRIBO DE LA CONSTITUCIÓN

Y a todo esto se añade, según el PP, la «aceleración vertiginosa de esta operación de derribo del marco constitucional» que ha tenido lugar en las últimas semanas justo cuando Sánchez necesita recabar el apoyo de sus socios para aprobar los Presupuestos. En este contexto, citan la tramitación de los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán, la reforma del delito de sedición y el «veto arbitrario» al Rey en la entrega de despachos judiciales de Barcelona.

Todo esto, arguyen, «muestra a las claras a un Gobierno dispuesto al abuso de todas sus prerrogativas constitucionales en su cortejo a unos partidos que han declarado abiertamente la guerra contra la continuidad histórica de la nación española».

«Ante estos alarmantes acontecimientos, el Grupo Popular hace un llamamiento civil y democrático a todas las fuerzas parlamentarias para poner freno a los intentos de normalización de este peligroso giro de los acontecimientos en los que ha representado el periodo más fértil de concordia y prosperidad de nuestra larga historia como Nación», reza la moción.

El PP considera que «el Gobierno está a tiempo de ser receptivo a ese llamamiento», pero recalca que «su primera obligación es asumir las responsabilidades políticas de estos reprobables sucesos», reprobando a Iglesias y destituyendo a Garzón.