FAI pide al Gobierno que tome «las riendas» de la regulación del alquiler para evitar leyes como la catalana
La Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias (FAI) ha pedido al Gobierno que tome «las riendas» sobre la regulación del mercado del alquiler para evitar que la nueva ley aprobada en Cataluña tenga un «efecto dominó» en otras comunidades.
También ha reclamado un plan de medidas «realista» y «alejado del intervencionismo», que evite que la «controvertida» Ley de Medidas Urgentes en Materia de Contención de Rentas en los Contratos de Arrendamiento, aprobada en Cataluña, se imite en otras comunidades autónomas con la aprobación de políticas intervencionistas «contraproducentes».
Según FAI, «normativa catalana está generando confusión tanto entre los arrendatarios como en los arrendadores, ya que podría tratarse de una ley de dudosa legalidad». De hecho, ha explicado que el propio Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó que algunos artículos incumplen la Constitución y el propio Estatut. Además, el Consejo también señaló que la Generalitat «no tiene competencias para regular los precios del alquiler, sino que es una facultad del Estado».
FAI cree que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debe dar «un paso al frente» y atajar uno de los problemas del sector inmobiliario, como es el precio del alquiler y que el Decreto Ley de Reforma de Alquiler «no ha conseguido corregir».
La Federación ha señalado que la demanda de viviendas en alquiler sigue al alza, «especialmente desde el levantamiento del Estado de Alarma», y que la oferta de inmuebles ofertados sigue siendo menor que la demanda, «exceptuando algunos territorios con menor dinamismo económico».
Además, FAI ha observado un ajuste de las rentas de alquiler, en determinadas zonas productivas como Madrid o Barcelona, como consecuencia directa de la crisis económica derivada de la pandemia. Por ello, cree que una limitación normativa «solo añadiría confusión al mercado».
«Esta es la realidad a la que nos enfrentamos y todas las políticas dirigidas a poner un tope a los precios conllevan altos riesgos como la retirada de viviendas para arrendar, que aflore el mercado negro o el envejecimiento del producto en alquiler, al no poder actualizar las rentas, la falta de seguridad jurídica y otras restricciones», ha alertado.
Por último, ha incidido en que es el momento de articular medidas que reflejen todas las realidades y «con consenso entre los diferentes gobiernos autonómicos».
