El Congreso se pronunciará mañana sobre la necesidad de renovar órganos como el CGPJ, a instancias del PSOE
Sánchez y Casado tienen congelada desde agosto la negociación para actualizar el órgano de gobierno los jueces
El Congreso votará este miércoles una iniciativa del PSOE que urge a renovar los órganos instituciones cuyo mandato total o parcial ha caducado o caducará en los próximos meses, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) o el Defensor del Pueblo.
Los socialistas llevan a debate de la Comisión Constitucional una proposición no de ley registrada el pasado mes de mayo, en pleno de estado de alarma por el coronavirus, donde el autor de la iniciativa, el secretario de Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado por Guipúzcoa, Odón Elorza, ya apuntaba la necesidad de impulsar las renovaciones pendientes en las Cortes Generales.
En concreto, pedía «el máximo esfuerzo» para lograr «un amplio consenso de mayorías reforzadas» en torno a personas de «mérito, objetivamente muy capacitadas, con trayectoria de prestigio y garantía de independencia en el desarrollo de su tarea» para renovar los órganos institucionales conforme a los plazos constitucional y legalmente establecidos.
Cuatro meses después, esta propuesta aterriza en el Congreso en un ambiente crispado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, a cuenta de estas renovaciones. En concreto, Sánchez acusa a Casado de haber roto su palabra para renovar el CGPJ y en Génova recalcan que fueron los ataques del vicepresidente Pablo Iglesias a Felipe VI los que frustraron esa renovación.
Pero es que tanto para la renovación del órgano de gobierno de los jueces como para la de otras instituciones es necesario que el PSOE y Unidas Podemos, que sólo suman 155 escaños en el Congreso, cuenten con el concurso del PP, ya que algunos de estos puestos requieren mayorías cualificadas.
EL CGPJ, EN FUNCIONES DESDE DICIEMBRE DE 2018
Entre los órganos pendientes de actualizar se encuentran el CGPJ o el TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados), por lo que los socialistas y la formación morada deben sumar 55 votos a sus 155 para que estas renovaciones salgan adelante.
El CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. De su lado, el mandato del TC caducó el pasado noviembre y al Congreso le corresponde elegir a cuatro de los 12 miembros que lo integran.
En pendientes están también la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, después del fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi. En este caso, es el Gobierno quien nombra a su presidente por un periodo de cinco años y el Congreso lo debe refrendar en un mes por mayoría absoluta, esto es, de 176 votos.
RTVE Y DEFENSOR DEL PUEBLO, OTRAS TAREAS PENDIENTES
El Gobierno también debe renovar el Consejo de Administración de RTVE, reactivando el concurso público que comenzó en agosto de 2018 y que se congeló en marzo del año pasado, con la convocatoria de elecciones de abril.
Los 20 aspirantes a dirigir RTVE deberán pasar por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado, y entre ellos se elegirá a los 10 miembros del Consejo (seis en el Congreso y cuatro por el Senado). Todos necesitan un respaldo mínimo de dos tercios de la Cámara en primera vuelta (al menos 233 diputados) y, en su defecto, mayoría absoluta (176 diputados) en una segunda votación, con aval de cuatro grupos parlamentarios. El presidente del Consejo se elige en la Cámara Baja, de entre los 10 miembros directivos y con el mismo sistema de votación.
Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.
TRAS RENOVAR LA CNMC Y LA AIReF, TOCAN EL FROB Y LA CNMV
En el ámbito económico, tras la renovación de la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –presidenta, vicepresidente y tres consejeros– y de la AIReF, los nombramientos pendientes de completar este año pasan por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).
En julio concluyó el trabajo de Jaime Ponce al frente del FROB, el fondo que pilotó el rescate en el sector financiero, a través del cual el Estado participa Bankia y, por ende, se pronunciará acerca de su venta a CaixaBank. Sin embargo, en las primeras semanas desde el estallido de la pandemia de Covid-19, el Gobierno aprobó una disposición dentro de uno de esos decretos de urgencia para prorrogar su mandato hasta el nombramiento de un sucesor.
En este caso, el candidato propuesto por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, deberá presentar sus credenciales ante el Congreso, pero no necesita aval parlamentario para que el Gobierno pueda formalizar su nombramiento.
Finalmente, en noviembre caducarán los mandatos del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y de su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, aunque en este caso pueden ser renovados por otro mandato. Eso sí, PSOE y Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, se opusieron entonces a su nombramiento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que los pactó con Ciudadanos.
