UxS pedirá en el Pleno recuperar la gestión directa de servicios con sanciones por incumplimientos
Unidas por Santander llevará a la sesión plenaria de este jueves una propuesta para recuperar la gestión directa por parte del Ayuntamiento de servicios sobre los que existan sanciones por incumplimiento de obligaciones del contrato.
La coalición de izquierdas, que reclama así la gestión directa de servicios municipales esenciales, también reclamará que se convoque la Comisión de Economía para conocer el borrador del Observatorio de la Contratación municipal que, a instancias de UxS, el Pleno se comprometió a impulsar hace un año.
De ambas iniciativas ha informado este martes el portavoz de la formación, Miguel Saro, en una rueda de prensa en la que ha indicado que la capital cántabra destina más que la media de España en la contratación de trabajos realizados por otras empresas.
En concreto, unos 54,25 millones de euros en cada presupuesto, con una media del 45% del total de gastos no financieros, frente al 31,8% de la media de entidades locales españolas, ha apuntado el concejal.
Esta «pobre gestión» en Santander deriva de la práctica que el equipo de gobierno (PP, en coalición con Cs esta legislatura) lleva «años» desarrollando en Santander, «prevaleciendo el precio en la adjudicación de los contratos», algo que «no solo ha afectado a las condiciones laborales de los trabajadores sino también a la propia calidad de los servicios».
Además, la «falta de control municipal» ha propiciado que se hayan incumplido «sistemáticamente» las obligaciones asumidas en los contratos «en beneficio de las concesionarias y en perjuicio de los vecinos», ha criticado Saro en la presentación de las dos mociones que UxS llevará al Pleno sobre el control de estos servicios.
RECUPERACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS
Por un lado, el edil reclamará que se elabore un estudio jurídico y económico financiero sobre la posibilidad de la recuperación para la gestión directa del resto de servicios públicos externalizados que estén en condición de resolución y sobre los que existan sanciones por incumplimiento de obligaciones del contrato que puedan motivar su resolución en las condiciones fijadas por la legislación sectorial.
El edil defiende que, con el modelo actual, «no se cumple ni la parte social, ni técnica ni ambiental de las cláusulas de los contratos» y que el coste de la externalización es mayor para el propio Ayuntamiento.
Saro mantiene que la remunicipalización obtendría «numerosas ventajas» económicas para el Consistorio, ya que al ser una explotación directa no estaría sujeta al IVA, tendría una exención del 99% del impuesto de sociedades y el Consistorio no tendría que asumir un «gasto extra» para derivar el control a una empresa externa.
Además, por otro lado, «una empresa pública no estaría obligada a generar beneficio, al no tener que dar cuentas a accionistas de que está ganando dinero, que es a lo que se dedican las empresas privadas, como es lógico», matiza el concejal.
Saro lamenta que el actual gobierno bipartito no tenga «ninguna intención de gestionar de forma más eficaz los servicios públicos municipales», todo «por su propia incompetencia» al «haber huido de la gestión y organización de sus principales responsabilidades como prestador de servicios, y escapa de estas externalizando todos los servicios posibles, olvidándose luego de su control y fiscalización».
EL COMPADREO CON CONCESIONARIAS DIFICULTA FISCALIZAR CONTRATOS
Saro también ha criticado el «constante abandono de la fiscalización del cumplimiento de estos contratos», que a su juicio no se ha puesto de manifiesto hasta que el servicio de Intervención ha revelado las «permanentes irregularidades» en los tres contratos analizados: La gestión y explotación del abastecimiento de agua y alcantarillado, servicio municipal de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos –que el Ayuntamiento va a rescindir por incumplimientos– y el servicio de mantenimiento y rehabilitación de espacios verdes municipales.
«Es evidente que los servicios municipales de fiscalización de los servicios públicos municipales externalizados funcionan deficientemente, y no existe un control real», ha manifestado el edil, que ha indicado que la situación ha convertido a Santander en una «bicoca» para empresas que busquen «ofertar a la baja sabiendo que el Ayuntamiento no va a exigir el cumplimiento estricto del contrato porque en el control de innumerables contratos como los citados, no va a existir, va a ser mínimo».
«Esto es así porque, a la vez que se externaliza, se reducen las plantillas municipales encargadas de dicho control especializado, o se recurre a un control externo», añade Saro, antes de denuciar el «compadreo con empresas concesionarias del Gobierno local» que «ha dificultado que hayan existido expedientes de fiscalización de estos contratos».
BORRADOR DE LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA CONTRATACIÓN
Además, Saro solicitará que se convoque la Comisión de Economía para conocer el borrador del Observatorio de la Contratación municipal que, a instancias suyas, el Pleno se comprometió a impulsar hace un año.
En la sesión de agosto de 2019 el Ayuntamiento aprobó la moción presentada por este concejal para la creación del Observatorio de la Contratación y esta propuesta fue, además, incluida en la número 94 del Plan Santander a punto , consensuado entre los grupos municipales para adoptar medidas frente a la crisis del Covid19, aprobado el pasado mes de junio.
«Desde la fecha de su aprobación en Pleno y el mandato plenario dirigido a la alcaldesa, no hemos conocido trabajo alguno dirigido a redactar la instrucción de alcaldía para regular la organización y funcionamiento del observatorio», critica Saro, para quien «lo que sí se han repetido son los nuevos conflictos colectivos entre los trabajadores y las empresas concesionarias de servicios públicos externalizados».
