El Gobierno quiere conmemorar los 25 años del Proceso de Barcelona con un acto en la ciudad si la pandemia lo permite

González Laya completa este fin de semana sus visitas al Magreb con un viaje a Túnez y a Libia para apoyar el alto el fuego

El Gobierno quiere conmemorar los 25 años del Proceso de Barcelona, antecesor de la actual Unión por el Mediterráneo (UpM) en el que se basan las relaciones entre la UE y sus vecinos del sur, con una reunión ministerial presencial en la ciudad el próximo mes de noviembre, si la evolución de la pandemia lo permite.

Según han informado fuentes diplomáticas, la iniciativa se está tratando ya con el Ayuntamiento de Barcelona y su equipo de relaciones internacionales. La UpM tiene su sede en el Palacio de Pedralbes y la aspiración es que la conferencia se celebre allí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación quiere poner en valor esta efeméride porque el Proceso de Barcelona supuso un cambio fundamental en las relaciones de la UE con el Mediterráneo y, al mismo tiempo, reforzar la política de vecindad con toda la región para así trabajar en su estabilidad. Además, la Unión por el Mediterráneo, heredera del Proceso de Barcelona, incluye también a los países balcánicos ribereños.

El Gobierno está trabajando con los equipos del alto representante de la UE, Josep Borrell, para intentar dar más músculo a la vecindad sur de la UE. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha viajado ya a Marruecos, Argelia y Turquía y este fin de semana visitará Túnez y Libia, dos países donde, de no haber sido por la pandemia de coronavirus, el Gobierno habría hecho mucho antes viajes de alto nivel.

González Laya estará este sábado en Túnez, donde se reunirá con el presidente, Kais Saied, y con su homólogo del nuevo gobierno recién confirmado por el Parlamento. El objetivo es relanzar la relación con este país y crear un marco adecuado para impulsarla en el ámbito político, económico y social.

Tendrá también un encuentro con la colonia española y con representantes de la sociedad civil y organizaciones de mujeres, además de un acto en memoria de las víctimas del atentado del Museo del Bardo, entre ellos dos españoles.

En Libia, la ministra se reunirá tanto con presidente del Gobierno de Acuerdo Nacional, Fayez Serraj, y con el de la Cámara de Representantes, Aguila Saleh, que han liderado el alto el fuego, para contribuir a consolidarlo. El último ministro español que viajó a Libia fue José Manuel García Margallo en 2016.

Ahora, el alto el fuego anunciado sorpresivamente a finales de agosto ha abierto una nueva ventana a una solución política, de ahí que los europeos se estén apresurando a viajar al país para apoyar la tregua con presencias y diálogo.

La desmilitarización de Sirte y Jufra –como pide Serraj– con implicación de la misión de la ONU y la reanudación de las exportaciones petroleras para atender necesidades económicas, recién retomadas parcialmente tras estar paradas desde enero, son aspectos importantes.

SIN FECHA PARA REABRIR LA EMBAJADA EN TRÍPOLI

Las fuentes han señalado que el Gobierno espera reabrir cuanto antes la Embajada en Trípoli. El Gobierno acaba de nombrar un nuevo embajador en Libia, Javier García Larrache, pero desde 2014 la legación funciona desde Túnez. Italia es el único país europeo que tiene su Embajada en el país.

No obstante, el mandato del embajador es que viaje a Trípoli con la mayor frecuencia posible –ahora se encuentra allí preparando el viaje– con vistas a poder volver a instalarla en Trípoli cuando haya una situación de seguridad consolidada.

PARADA EN ROMA

Después de Túnez y Trípoli, González Laya visitará Roma para ver su homólogo Luigi Di Maio y analizar con él asuntos de la UE pero también del Magreb y de la propia Libia.

Este verano, el ministro de Defensa italiano, Lorenzo Guerini, pidió a la española Margarita Robles que España se implique en la operación europea Irini que vigila el cumplimiento del embargo de armas a Libia, pero que Robles dejó claro que solo sucederá si se dota de un marco jurídico definido.

El Gobierno español considera muy complejo el despliegue de la misión en circunstancias de seguridad muy variables y que requiere revisiones constantes. Así, una reevaluación del mandato podría abrir la puerta a una participación española, pero esa decisión no está tomada.