El Gobierno suspende el nombramiento de los miembros del CES tras el recurso de UGT y CCOO contra USO
El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves, en su reunión semanal, la suspensión del decreto de nombramiento de los miembros del Consejo Económico y Social (CES) solicitada por CCOO y UGT en el recurso que han presentado contra dicho decreto, al entender que USO está sobrerrepresentado, por ser el único sindicato que forma parte de uno de los cuatro grupos en los que está dividida la representación del CES.
Así, el Gobierno ha estimado la solicitud de suspensión de ejecución del decreto de nombramiento de los miembros del Consejo Económico y Social formulada por CCOO y UGT en el recurso interpuesto contra dicho decreto, aprobado el pasado 9 de julio.
El recurso alerta de la posible sobrerrepresentación de otro sindicato y el Gobierno ha optado por la suspensión del nombramiento en tanto se resuelve, con el fin de garantizar que la andadura de esta institución se ajuste estrictamente a lo establecido en la ley de creación, tal y como ha informado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que también se ha abordado la situación del coronavirus en la región.
En el área de Educación, el Gobierno ha autorizado un convenio con el Ayuntamiento de Bezana, que propiciará una aportación municipal de 17.000 euros al programa de recursos educativos de los centrospúblicos del municipio (colegios Ventura González, María Torner y Costa Quebrada y el IES La Marina), con el fin de reducir la contribución establecida para las familias.
Además, la consejera informó de la adjudicación de varias obras de mejora y reparación en centros de Laredo, Torrelavega y Ampuero, con una inversión total de 276.509 euros.
En el área de Sanidad, se ha aprobado la celebración del contrato para la modificación del proyecto de obras de quirófano y consultas externas del hospital de Laredo que, según ha destacado el consejero de Sanidad, «mejorará sustancialmente la dotación del hospital y la accesibilidad y servicio que presta a los ciudadanos». El coste estimado de la redacción del mismo es de unos 20.000 euros.
