El PRC se adherirá al Pacto Nacional Antitransfuguismo e impulsará uno en Cantabria
El Partido Regionalista de Cantabria se adherirá al Pacto Nacional Antitransfuguismo e impulsará uno igual en la Comunidad Autónoma. Así lo ha anunciado hoy el diputado nacional del PRC, José María Mazón, tras asistir el miércoles por la tarde a una reunión convocada por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, para relanzar el acuerdo nacional.
En un comunicado, Mazón ha recordado que el PRC «no está aún» en el Pacto Nacional porque «hasta ahora» los regionalistas no habían tenido representación ni en el Congreso ni en el Senado. «Pero esta vez estamos aquí y, por supuesto, vamos a adherirnos a este pacto», ha sostenido.
Además, ha considerado «doblemente oportuno» la iniciativa del Ministerio de relanzar el Pacto Nacional Antitransfuguismo. Por una parte, porque opina que estos acuerdos deben «reforzar» todas las normas legislativas y los compromisos políticos «para evitar y acabar» con los tránsfugas. Y, por otra y al hilo de lo anterior, porque recientemente en Cantabria se ha dado el caso de que la única concejala de uno de los grupos del Ayuntamiento de Guriezo «diera, digamos, un golpe de Estado y sea alcaldesa», en relación a la exedil socialista María Rivero.
«Vamos a ver si con estos pactos somos capaces de evitarlo, no solo con medidas legislativas sino también con los compromisos entre los partidos políticos», ha declarado.
Al hilo, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley para impulsar un acuerdo en los mismos términos en Cantabria.
En su propuesta de resolución, los regionalistas plantean «instar al Gobierno de Cantabria a impulsar la firma, a nivel autonómico en el mes de septiembre, de un Pacto Antitransfuguismo en los mismos términos y con los mismos contenidos y compromisos del Pacto firmado por los partidos políticos a nivel estatal en 1998, conforme a la última versión realizada en el año 2006».
El Pacto Antitransfuguismo surgió en 1998, con el consenso de la mayoría de partidos políticos de entonces, para frenar el transfuguismo en las corporaciones locales y consensuando medidas contra los tránsfugas .
En años posteriores, el pacto fue desarrollándose e incorporando nuevas medidas en defensa de la gobernabilidad de las entidades locales.
El pacto fue renovado en 2000 y modificado en 2006. Introduce nuevos elementos, además de desarrollar de forma más extensa alguno de los puntos del acuerdo original.
De este modo, crea una Comisión de Expertos Independientes, de cinco miembros con mandato de cuatro años; dota de contenido a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo (que debe reunirse dos veces al año y pronunciarse sobre si existe transfuguismo en las mociones de censura); obliga a los partidos a no aceptar tránsfugas en los gobiernos locales y a no nombrarlos en entidades financieras, fundaciones o cajas; y extiende el acuerdo a las asambleas autonómicas y al Congreso y Senado.
En el año 1998, el Pacto fue firmado por PP, PSOE, IU, CDC, UDC, PNV, CC, Iniciativa per Catalunya, BNG, ERC, EA, UV y PAR.
