El PP dice que la decisión de la juez de Lleida sobre el confinamiento demuestra que había plan b al estado de alarma
El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha subrayado este lunes que la decisión de la juez de Lleida de suspender el confinamiento ordenado por la Generalitat catalana para miles de personas por el rebrote de coronavirus en la comarca leridana del Segrià demuestra que existía un plan B al estado de alarma.
La juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, afirma en un auto, recogido por Europa Press, que su decisión –que se puede recurrir– se basa en que ve desproporcionada la resolución del Govern, cuyo objetivo, además, «no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial» y que ésta una competencia estatal.
Para Enrique López, la resolución adoptada por la justicia catalana «no ratificando las medidas limitativas de los derechos fundamentales que había adoptado el gobierno de la Generalitat» como consecuencia del coronavirus «pone de manifiesto precisamente que existe un plan b al estado de alarma, tal y como se articuló por parte del PP».
En la misma línea, ha enfatizado que también se pone de manifiesto tras esta resolución «la necesidad de actualizar» las leyes en materia sanitaria para que se puedan adoptar medidas por parte de las Comunidades Autónomas, «tal y como ha propuesto el PP y a lo que el Gobierno se negó de forma reiterada».
«El Parlamento se va de vacaciones sin haber tenido ni siquiera tenido en cuenta la posibilidad de reformar las leyes», ha defendido López, quien ha aclarado que el objetivo el lograr «un basamento legal mucho más claro y que permita establecer esa proporcionalidad entre el condicionamiento de un derecho y el fin perseguido que es proteger la salud pública».
En cualquier caso, el también consejero madrileño ha subrayado que la resolución «dice con claridad» es que no se puede, al amparo de la legislación ordinaria y menos una Comunidad Autónoma, «restringir el derecho a la libertad personal confinando a los ciudadanos en sus domicilios». «Pero sí puede una autoridad autonómica establecer condicionamientos al derecho a la libre circulación, a la libre deambulación, que comienza cuando sale uno de su domicilio», ha recordado.
Así, ha recordado que ésta fue la razón por la que el PP «avaló con su voto el estado de alarma mientras que afectaba al derecho esencial a la libertad personal y dejó de apoyarlo cuando se refería al condicionamiento del derecho a la libre circulación», algo que, según ha defendido, es «perfectamente posible aplicando la legislación ordinaria en materia sanitaria y lo pueden determinar por supuesto autoridades de una Comunidad Autónoma».
