Hernández de Cos: «Pese a la respuesta no hemos sido capaces de preservar completamente el tejido productivo»
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado este miércoles que se empiezan a observar algunos indicadores de «daños estructurales» en términos de destrucción de empresas, por lo que ha pedido una nueva Ley de Insolvencias que fije procedimientos ágiles que faciliten la supervivencia de las empresas viables y acometer cambios estructurales.
«A pesar de toda la respuesta económica, no hemos sido capaces de preservar completamente el tejido productivo», ha admitido Hernández de Cos durante su intervención en un el webinar España y Europa frente a la pandemia , organizado por Esade EcPol.
Hernández de Cos se ha referido a la elevada incertidumbre para confeccionar previsiones, si bien ha pronosticado una caída del PIB de entre el 16% y el 22% en el segundo trimestre, la mayor registrada «en tiempos de paz», si bien conforme a los distintos escenarios, basados en las distintas posibilidades de rebrotes y los efectos financieros y de solvencia, la caída anual de la economía este año se situará en una horquilla de entre el 9% y el 15%.
«El efecto macroecoómico va a tardar en diluirse en el tiempo», ha afirmado Hernández de Cos, quien ha apuntado que el organismo supervisor estima que la economía se situará en el cuarto trimestre de 2022 entre 4 y 6 puntos por debajo de las previsiones de diciembre de 2019.
Según Hernández de Cos, en esta «segunda fase» de desescalada tras la hibernación, la gestión es «difícil» dada la elevada incertidumbre y las posibilidades de detraimiento del consumo y la inversión, un aumento de las tasas de ahorro de familias y empresas «relativamente elevadas» y un contexto en el que no ha regresado completamente la normalidad, sino que persisten restricciones de movilidad o distanciamiento que condicionan la recuperación de sectores como el turismo.
Aunque ha valorado que en materia de endeudamiento privado España ha entrado en la crisis del Covid con una situación «muchísimo mejor» dado el desapalancamiento de hogares y empresas, cree que «no es descartable» que, a pesar del apoyo público en el último trimestre, haya habido una tendencia a un mayor endeudamiento, lo que se conjuga con perspectiva de demanda peores que antes de la crisis.
Dado que se pueden ser «seriamente dañadas» las perspectivas de supervivencia de las empresas, ha reclamado una modificación de la Ley de insolvencias, para fijar procedimientos «ágiles» de reestructuración de la deuda que permitan sobrevivir a las empresas viables, algo que sería «muy útil» para el «equilibrio general» de la economía y que favorecería a acreedores y deudores.
CONSOLIDACIÓN FISCAL Y REFORMAS
De esta forma, ha dicho que si se evolucionase hacia el escenario más pesimista sería más necesario combinar el estímulo fiscal a corto plazo sostenido en el tiempo con la necesidad de darle credibilidad a la acción de política económica, lo que precisaría con mayor urgencia del diseño y comunicación de un plan de consolidación fiscal.
Por ello, ha indicado que la respuesta no puede ser ya solo de apoyo a las rentas, sino de cambios estructurales, por lo que ha emplazado al diseño y comunicación «temprana» de un plan de ajuste fiscal, sin precipitare en su ejecución hasta que vuelva el crecimiento sostenido, y acometer reformas estructurales en distintos campos.
En materia laboral, desde el Banco de España hacen una valoración «positiva» de las reformas laborales de 2012 y 2012 por incorporar elementos que permitían en la crisis ajustar vía precios (salarios) y no solo vía empleos, si bien ha apuntado que la norma no resolvía el problema de la temporalidad.
Ante ello, ha propuesto estudiar opciones como los contratos con costes de despidos crecientes o la mochila austriaca , así como avanzar en I+D+i, especialmente en el sector privado, ante los menores niveles respecto a Europa, y una revisión del sistema educativo, junto a la formación profesional. «Hay que ser lo más concreto posible», ha enfatizado.
El gobernador del Banco de España ha incidido en la necesidad del «consenso» para acometer las reformas, algo que cree más fácil ante la gravedad de la situación.