Amnistía denuncia el uso indebido y generalizado de gases lacrimógenos para reprimir protestas en todo el mundo
Sostiene que la falta de regulación del comercio de esta sustancia está permitiendo abusos de los DDHH
Las fuerzas de seguridad de todo el mundo están haciendo un uso indebido y generalizado de los gases lacrimógenos con el fin de disolver protestas de todo tipo cuando en muchos de los casos no estaría justificado lo cual está llevando a la comisión de abusos de los Derechos Humanos que incluso podrían ser considerados tortura, según Amnistía Internacional.
La ONG ha presentado un nuevo sitio multimedia e interactivo Tear Gas: An investigation (Gas lacrimógeno: investigación) en el que se examina en qué consiste el gas lacrimógeno y cómo se utiliza en todo el mundo, además de documentarse los casos de uso indebido y que a menudo tienen como resultado de lesiones graves o muerte.
«Las fuerzas de seguridad suelen hacernos creer que el gas lacrimógeno es un medio seguro para dispersar multitudes violentas, que evita tener que recurrir a armas más nocivas», ha señalado Sam Dubberley, director del proyecto Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, subrayando que el análisis llevado a cabo «demuestra que las fuerzas policiales están haciendo un uso indebido de él, y a una escala generalizada».
«Hemos documentado el uso de gas lacrimógeno por fuerzas policiales en formas para las que no ha sido concebido, a menudo en cantidades excesivas contra manifestantes mayoritariamente pacíficos, o disparando proyectiles directamente contra personas, causando lesiones y muertes», ha precisado.
CASOS DE ABUSOS DOCUMENTADOS
Entre estos casos constatados figura el lanzamiento de gas lacrimógeno por la ventanilla de un vehículo con pasajeros, en el interior de un autobús escolar, en un cortejo fúnebre, dentro de hospitales, en edificios residenciales, en el metro, en centros comerciales e incluso en calles prácticamente vacías.
Además, según Amnistía, las fuerzas de seguridad han disparado cartuchos de gas directamente contra personas, causándoles la muerte, y también desde camiones, todoterrenos y drones pasando a gran velocidad. Entre las víctimas ha habido manifestantes por el clima, estudiantes de secundaria, personal médico, periodistas, migrantes y personas que defienden los Derechos Humanos, ha precisado.
Durante 2019, el proyecto Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional investigó casos de uso indebido del gas lacrimógeno en todo el mundo, principalmente a través de vídeos subidos a plataformas de redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter.
Según ha explicado la ONG, usando métodos de investigación de fuentes de acceso público, la organización verificó cerca de 500 vídeos y destacó casi 80 casos de uso indebido del gas lacrimógeno en 22 países y territorios, confirmando lugar, fecha y validez. El análisis fue realizado por el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional, una red de estudiantes de seis universidades en cuatro continentes con formación en el rastreo y la verificación de contenido de las redes sociales.
Además de las entrevistas a manifestantes, este análisis pone al descubierto «una alarmante tendencia mundial al uso generalizado e ilegítimo del gas lacrimógeno», ha subrayado la organización, que dice sumarse al relator especial de la ONU sobre la tortura al equiparar el uso del gas lacrimógeno en determinadas situaciones con la tortura y otros malos tratos.
La web incluye también un vídeo realizado en colaboración con SITU Research en el que se analizan las características funcionales del gas lacrimógeno, se explica el funcionamiento interno de las municiones y se muestra cómo su uso indebido puede mutilar y matar, así como numerosas entrevistas.
FALTA DE CONTROL EN EL COMERCIO
Por otra parte, Amnistía ha denunciado que, pese al mal uso de los gases lacrimógenos aún no existe una normativa internacional sobre el comercio de este producto y otros dispositivos antidisturbios y lamenta que son pocos los países que ofrecen información pública sobre el volumen y el destino de las exportaciones de gas lacrimógeno, lo que dificulta una vigilancia independiente.
Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega llevan más de dos décadas haciendo campaña en favor de mayores controles sobre la producción, el uso y el comercio del gas lacrimógeno y otras armas menos letales. Como resultado, la ONU y organismos como la Unión Europea y el Consejo de Europa han reconocido la necesidad de regular la exportación de las armas menos letales.
En la actualidad, ha precisado, la ONU está estudiando la posible elaboración de controles sobre el comercio internacional de armas menos letales y otros artículos, y así evitar su uso para cometer tortura y otros malos tratos o aplicar la pena de muerte. Amnistía Internacional y la Fundación Omega están presionando para que esas medidas incluyan el gas lacrimógeno y otros dispositivos antidisturbios.
«Parte del problema con el gas lacrimógeno es simplemente que algunas fuerzas policiales malinterpretan cómo y cuándo pueden usarlo de forma legítima, mientras que otros prefieren hacer caso omiso de esas instrucciones y algunos lo utilizan como arma», ha lamentado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Control de Armas, Seguridad y Derechos Humanos.
En su opinión, «parte de la solución también debe ser un mayor escrutinio del comercio global escasamente regulado del gas lacrimógeno y otros dispositivos antidisturbios». «El gas lacrimógeno debe ser incluido en los controles internacionales sobre armas menos letales y dispositivos de inmovilización que se están debatiendo actualmente en la ONU», ha reivindicado.
