La administración concursal de Unipost reclama 300 millones de euros a Correos en los tribunales
Los administradores concursales de Unipost, operador postal privado en concurso de acreedores desde 2017, junto con dos fondos especializados en litigios y arbitrajes han presentado una demanda contra Correos en los juzgados por la que reclaman al operador postal público 300 millones de euros por los daños que supuestamente ocasionó a la empresa con su presunto incumplimiento de las normas de competencia.
En concreto, piden una indemnización de 162 millones de euros por el negocio que, según argumentan, perdió Unipost «durante quince años» a causa de las supuestas «prácticas anticompetitivas» de Correos.
Asimismo, reclaman otros 135 millones por el daño resultante del concurso y la liquidación de Unipost y 3,5 millones de euros más «por los daños derivados de la negativa de Correos de darles acceso a la red postal».
Así lo detalla en un comunicado Fieldfisher Jausas, el despacho de abogados que actúa desde 2017 como administrador concursal de Unipost y que es quien ha presentado la demanda, «financiada» por dos fondos liderados por Ramco, una firma con sede en Reino Unido dedicada a la financiación de litigios, especialmente demandas de arbitraje y litigios de alto valor.
Los administradores de Unipost y estos fondos basan su demanda en el expediente que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió a Correos en 2019 por supuesto abuso de posición dominante al, presuntamente, ofrecer descuentos a grandes clientes que arrojaban precios por debajo de coste.
También la sustenta en un dictamen de 2018 de la Comisión Europea que concluía que España había infringido la regulación sobre ayudas estatales al pagar a Correos más de 300 millones de euros de ayuda durante el período comprendido entre los años 2004 y 2010.
EMPRESA EN LIQUIDACIÓN.
Los administradores de Unipost interponen la demanda tres años después de que en julio de 2017 la firma postal se declarara en concurso de acreedores por no poder atender a los vencimientos de deuda y de que en 2018 iniciara su liquidación por considerar que la compañía no era viable.
En el momento de su quiebra, la compañía presentaba un agujero de unos siete millones de euros, dado que contaba con activos por valor de 40,6 millones frente a un pasivo de 47,4 millones.
Unos meses antes de acogerse al concurso, la compañía abrió un proceso de despido colectivo para sus 2.200 trabajadores.
