El sindicato CEP ofrece sus servicios a los policías «en caso de recibir órdenes políticas o contra libertades»
El sindicato CEP ha anunciado este jueves que ofrece sus servicios jurídicos a los policías «en caso de recibir órdenes de intervención con motivaciones políticas o restricciones de las libertades fundamentales» en el marco del real decreto del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
«La Policía Nacional no trabaja ante una crisis de seguridad sino ante una sanitaria y la protesta en balcones, con banderas, en redes sociales o de cualquier otro tipo, siempre que no vulnere la normativa sanitaria o constituya un delito público, debe respetarse como lo ha sido en otras ocasiones», señala la CEP en un comunicado.
La CEP justifica este anuncio advirtiendo que «sería inaceptable en una democracia» limitar libertades fundamentales en las actuaciones policiales para hacer cumplir la ley en el marco de la restricción de movimientos por el estado de alarma.
En concreto, enmarca este ofrecimiento citando dos actuaciones en la calle Núñez de Balboa de Madrid los días 10 y 11 de mayo, en el primer caso ante una concentración de unas cien personas sobre las 20.30 horas que coincidía con una protesta con cacerolas y música desde los balcones, y el segundo ante dos concentraciones por motivos similares en los que se pidió la dimisión del Gobierno.
La CEP defiende que la «prioridad» de los policías es informar y ayudar al ciudadano y que «solo se ponen multas por comportamientos que arriesgan la salud de los demás y se hace con una Ley Orgánica que quienes antes calificaban de mordaza ahora defienden en su aplicación». Desde que entró en vigor el estado de alarma se han tramitado ya más de 900.000 propuestas de sanción.
El sindicato pide que las explicaciones las ofrezcan los políticos y recuerdan que los agentes «arriesgan en esta crisis», remitiéndose a los policías fallecidos por la Covid-19 o los que están en casa con síntomas «sin tener aún acceso a test de diagnóstico en cantidad suficiente como para poder incorporarse al trabajo con las garantías debidas».
