Cantabria sostiene que el reparto del fondo extraordinario «no es justo» y pide más de 200 millones

La Consejería de Hacienda calcula en 180 millones lo que Cantabria recibiría con la propuesta que está sobre la mesa

El Gobierno de Cantabria considera que el reparto previsto del fondo extraordinario de 16.000 millones para las comunidades autónomas «no es justo», y reclama una asignación «por encima de los 200 millones de euros», frente a los 180 que calcula que recibiría con los criterios de reparto que ha planteado el Ministerio de Hacienda.

Así lo afirmado este jueves el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria, el socialista Pablo Zuloaga, quien ha anunciado que la consejera de Economía y Hacienda va a plantear que «para comunidades autónomas uniprovinciales y del tamaño de Cantabria, haya un fondo mínimo que palie los efectos de la crisis del coronavirus sobre nuestra sanidad pública».

En la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno, Zuloaga ha anunciado que la consejera, María Sánchez, va a remitir este mismo jueves una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que también ha pedido una reunión bilateral, «aunque sabemos que ahora el espacio de negociación está en el Congreso de los Diputados, ha matizado el también secretario general del PSOE en Cantabria.

Zuloaga ha explicado que la consejera ya planteó la «disconformidad» de Cantabria con los criterios de reparto en la videoconferencia que la ministra celebró el lunes con los consejeros autonómicos, y hoy lo volverá a hacer por carta.

El vicepresidente ha señalado que el reparto propuesto «no es justo» para Cantabria, que es «una de las comunidades que más invierte en sanidad por habitante de manera habitual». Por ello, el Gobierno regional pide que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios, como en el sistema de financiación autonómica vigente, y no tanto el criterio de población.

«Los criterios de reparto deberían de ser mas justos para que nuestra comunidad reciba el dinero que merece para hacer frente a este gasto extraordinario que hemos tenido» por la epidemia de coronavirus, ha insistido el vicepresidente.

Además de la carta, la consejera ha pedido una reunión bilateral para hacer este planteamiento «de manera formal» a la ministra, «aunque sabemos que ahora el espacio de negociación está en el Congreso de los Diputados y por eso también apelamos al Gobierno de España a atender las reivindicaciones de Cantabria para que lleguen más fondos para la gestión de nuestra sanidad, siendo como somos una de las comunidades que más invierte por habitante en gasto sanitario», ha concluido Zuloaga.

PESO DEL CRITERIO DE POBLACIÓN

De los 16.000 millones anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo a los presidentes autonómicos, 10.000 son para un fondo no reembolsable para cubrir los gastos sanitarios, que no tendrán intereses ni aumentarán la deuda de las Comunidades. Los primeros 6.000 millones se dotarán a corto plazo y en el segundo semestre del año, se abonarán los otros 4.000.

En el primer tramo, según la propuesta del Ministerio de Hacienda, en el criterio de reparto entre autonomías pesarán más «las variables que reflejan el impacto sanitario», puesto que los ingresos en UCI y hospitalizados representarán el 60% frente al 20%, la población.

Para el segundo tramo, sin embargo, Hacienda propone que la población sea el criterio que tenga más relevancia y pese el 40%, los ingresos en UCI, un 30%, las hospitalizaciones supondrán un 20% y los positivos confirmados por PCR, el 10 por ciento restante.

Con respecto a la población, Montero ha dejado abierto para el debate cómo se define este concepto, si se tiene en cuenta la población ajustada o la población protegida equivalente, a petición de los consejeros. El Ministerio ha asegurado que son variables similares y que tienen en cuenta criterios como la población mayor de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 o la insularidad.

A este fondo se sumarán otros mil millones para gasto social, que se repartirán como los 300 millones del fondo social extraordinario que se aprobó en marzo. En este caso, la población es la variable que más cuenta, aunque también se incluyen otros criterios como mayores de 65 años, jóvenes o población dependiente.

La tercera parte de los ingresos anunciados por el Gobierno son otros 5.000 millones para cubrir la caída de ingresos propios de las autonomías. María Jesús Montero ha planteado que el reparto entre Comunidades, salga de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria.