La MINUSMA denuncia 101 casos de ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas de seguridad de Malí
Las fuerzas de los países de la región que operan en suelo maliense también habrían cometido decenas de ejecuciones
Las fuerzas de seguridad de Malí han llevado a cabo más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales en el primer trimestre de 2020, principalmente en el centro del país, actual epicentro de la violencia yihadista e intercomunitaria en la que se encuentra sumida esta nación del Sahel, según el último informe publicado por la división de Derechos Humanos de la Misión de la ONU (MINUSMA).
Durante este periodo, la división «ha constatado con inquietud la implicación cada vez más creciente de las fuerzas de seguridad y defensa malienses en violaciones de los Derechos Humanos, la mayoría de las cuales han sido perpetradas en el centro, en especial en los círculos de Douentza y Niono», señala el informe.
Así, se han constatado 101 ejecuciones extrajudiciales, 32 casos de desapariciones forzadas y 32 casos de torturas o tratos inhumanos y degradantes, así como 116 detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad en todo el país.
El «caso más emblemático» documentado, según MINUSMA, fue la detención el pasado 16 de febrero de 19 personas, trece de las cuales fueron ejecutadas de forma sumaria mientras que las seis restantes permanecen desaparecidas en el círculo de Niono, en la región de Ségou.
Por otra parte, la misión de la ONU también ha documentado violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas que operan bajo los auspicios de la fuerza del G5 Sahel y que participan en acciones antiterroristas en suelo maliense. Estas estarían detrás de al menos 18 casos de ejecuciones arbitrarias, 16 de ellos ocurridos el 14 de marzo en Pogol-N daki y los alrededores de Boulekessi.
Además, las fuerzas nigerianas son responsables de 34 ejecuciones extrajudiciales, según el informe de la MINUSMA, 24 de las cuales se produjeron en Inekar.
VIOLENCIA INTERCOMUNITARIA
Además, «el primer trimestre de 2020 ha estado marcado por la multipliación de los ataques armados entre los miembros de las comunidades peul y dogon, principalmente en las regiones de Mopti y Ségou», en el centro del país. En total, la MINUSMA ha documentado 35 ataques armados que han dejado 180 muertos.
El más grave de estos ataques fue el ocurrido en la localidad de Ogossagou, el pasado 14 de febrero y que se saldó con la muerte de 35 personas, incluidos cinco niños y una mujer, miembros de la comunidad peul.
Malí es escenario de una creciente actividad de grupos yihadistas, principalmente las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, en los últimos años, así como de una incipiente violencia intercomunitaria que enfrenta a los peul, tradicionalmente pastores nómadas a los que se identifica con los islamistas por ser el grupo más numeroso en sus filas, y a otras etnias, principalmente los dogon, dedicadas a la agricultura.
