Interior aprueba el tercer grado de tres presos de ETA acercados por Marlaska y la AVT censura la decisión
El Ministerio del Interior ha concedido la progresión al tercer grado o el acceso al régimen de semilibertad a tres presos de ETA que habían sido trasladados previamente a prisiones cercanas al País Vasco tras la llegada al departamento de Fernando Grande-Marlaska. La decisión ha sido censurada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que pide que se exija la colaboración con la Justicia como muestra de arrepentimiento.
Se trata de Javier Aguirre Ibañez, Yagoba Codo Callejo y Fernando Alonso Abad, según ha informado Instituciones Penitenciarias, que ha destacado que la resolución se produce, como establece el Reglamento Penitenciario, a propuesta de las juntas de tratamiento de los centros en los que cumplen condena los internos.
La AVT ha censurado la decisión en un comunicado en el que reconoce que «se cumple con la legalidad penitenciaria» al concederles el tercer grado. «Queremos destacar que estos tres miembros de ETA ya fueron anteriormente acercados a cárceles próximas al País Vasco, por lo que tememos que se haga realidad nuestro miedo de que estos acercamientos sean el paso previo a la libertad sin necesidad de haber estado en una cárcel del País Vasco», dicen.
Según los datos de Interior, Javier Aguirre Ibañez ingresó en prisión el 19 de enero de 2016 y cumple una condena de seis años y seis meses por falsificación de documento público y colaboración con banda armada. Cumple las tres cuartas partes de condena en noviembre de 2020.
Desde Interior se destaca que «ha renunciado a la violencia, ha reconocido el daño causado y acepta la legalidad penitenciaria» y que, además, no tiene responsabilidad civil. La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Logroño propuso su progresión a tercer grado y el interno permanecerá en la sección abierta del centro.
Yagoba Codo Callejo ingresó en prisión el 30 de abril de 2001 y cumple una condena de 22 años y dos días por colaboración con banda armada y depósito de armas. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en mayo de 2015 y, según Interior, «ha admitido la legalidad penitenciaria, rechaza la violencia y ha reconocido el daño causado». Tampoco se le exige responsabilidad civil por tenerla prescrita y quedará interno en la sección abierta de Logroño.
Fernando Alonso Abad, por su parte, ingresó en prisión el 18 de agosto de 1996 y cumple una condena de 25 años por depósito de armas, tenencia de explosivos, pertenencia a banda armada y terrorismo. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en mayo de 2015.
Al igual que el resto, Interior asegura que ha admitido la legalidad penitenciaria, ha manifestado su rechazo a la violencia, ha reconocido el daño causado y no tiene responsabilidad civil. En este caso, se encuentra en el Centro Penitenciario de Asturias y permanecerá ahora en Centro de Inserción Social de Asturias.
Instituciones Penitenciarias ha destacado que, a pesar de la crisis del coronavirus, las juntas de tratamiento han mantenido sus reuniones para cumplir con la legalidad penitenciaria «y no perjudicar el interés y los derechos de las personas privadas de libertad que afectan al cumplimiento de la condena».
Desde la llegada de Grande-Marlaska a Interior se han autorizado una treintena de acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco.
QUEJAS DE LA AVT
Desde la AVT se ha cuestionado que Interior «simplemente pida asumir la legalidad penitenciaria» para la progresión de grado. «Queremos destacar que sigue sin exigirse a estos presos terroristas la condición de colaborar con la Justicia como requisito para obtener una progresión de grado», argumentan en un comunicado.
Según la asociación, con la política de Interior se está «beneficiando» a presos de ETA como Gorka Fraile, que ha obtenido la libertad condicional cuando desde colectivos de presos de ETA se reivindica que «esta vía legal la asumen como un medio de lucha» con el objetivo de «vaciar las cárceles sin que haya ningún tipo de arrepentimiento ni autocrítica».
La AVT defiende que la colaboración con la Justicia debe ser un requisito para demostrar «no sólo un sincero arrepentimiento, si no también para poder valorar un verdadero pronóstico favorable de reinserción de los presos».
