Los gestores administrativos piden al Gobierno un plan de desescalada «asumible» para pymes y autónomos

Los gestores administrativos recuerdan al Gobierno que las pymes y autónomos que han estado sin actividad durante el período de alarma, o con una actividad reducida, precisan contar con un plan de desescalada «asumible» en lo económico para que «no termine de hundir su ya precaria situación», y subrayan que la vuelta a la actividad requerirá inversiones en seguridad y medidas preventivas.

Según cálculos realizados por los gestores administrativos, una pequeña empresa, con cinco empleados, que atienda al público va a incurrir en inversiones y gastos en los próximos dos meses superiores a 8.000 euros y después, y mientras dure la obligación de mantener las medidas de seguridad, los costes se pueden ver incrementados en unos 700 u 800 euros al mes.

Entre las partidas extraordinarias de gasto citan las medidas de seguridad de separación entre puestos de trabajo y frente al público, dotación de EPIs a los empleados (mascarillas, guantes, gafas y gel), refuerzo de la limpieza y desinfección. Además, los gestores administrativos subrayan que durante el resto de período que duren las medidas preventivas, seguirán los costes de protección al personal y a los clientes.

El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, constata que en los últimos días la actividad «empieza a repuntar», llegan más mensajes de clientes e «incluso se nota más tensión en los negocios que están atendiendo al público». «Las pymes y los autónomos están calentando ya motores en el convencimiento de que a partir del 10 de mayo podrán volver a la actividad cuasi normal», afirma Santiago.

De esta forma, señala que se deberán acondicionar los puestos de trabajo, habrá de adquirirse equipo de control de la temperatura, se tendrá que reforzar la desinfección de los espacios de atención al cliente o de trabajo y se deberá dotar al personal de las medidas de higiene y seguridad extraordinarias.

«Todo ello, en unos momentos en los que los ingresos se han visto reducidos significativamente o han desaparecido y con la gran incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a facturar», denuncia Santiago, apuntando que se suma el pago de impuestos seguros sociales, préstamos y «sin que lleguen los anunciados ICO».

A este respecto, critica que «Se le han generado muchas expectativas al autónomo y a la pyme, se le ha contado que su liquidez estaría asegurada por los avales del Estado y la realidad es que están llegando a cuenta gotas y no a todo el mundo». «Esto no es café para todos», añade.

INSPECCIONES

Los gestores administrativos advierten también de la preocupación de los autónomos y las pymes acerca de las inspecciones que se van a llevar a cabo por parte de la Inspección de Trabajo y señalan que «los reiterados anuncios de la ministra de Trabajo han dejado señalados a aquellos que han solicitado ERTES por fuerza mayor».

«No era necesario manifestar tanta desconfianza sobre los empresarios; la gran mayoría no han hecho nada más que proteger sus negocios y a sus empleados. Estamos absolutamente de acuerdo en que se identifique a los que no son honestos, pero eso no significa que se deban sentir amenazados el resto» señala el presidente de los gestores administrativos.

En este sentido, señala que esto hace pensar a los responsables de los negocios que se van a extremar y endurecer las inspecciones y las sanciones, por lo que «parece que la Administración se puede equivocar, pide perdón y ya está, pero el ciudadano no se equivoca, engaña».

En cualquier caso, ha vuelto a ponerse a disposición de las administraciones «para afrontar el proceso de desescalada con un alto grado de certidumbre, eficacia y apoyo a los negocios», por lo que aboga porque se cuente con actores como los gestores administrativos para aportar «conocimiento práctico».