AAJM plantea que el Estado expropie la patente de una futura vacuna si el fabricante no ofrece buen precio
La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha planteado que el Estado expropie la patente de una futura vacuna o tratamiento contra el Covid-19 si el fabricante no lo ofrece a un precio asequible.
«Las empresas farmacéuticas están trabajando para descubrir una vacuna o medicamentos capaces de tratar la enfermedad y evitar su alta letalidad. Sin embargo, observamos cómo en una situación como la que nos encontramos no surgen de forma natural iniciativas para compartir el conocimiento, la información y el desarrollo con otras empresas y grupos de investigación públicos y privados. La impresión es que en el objetivo añadido final de curar la enfermedad está muy presente la obtención de la patente. El motivo es obvio: conseguir la exclusividad, la patente, para poder fijar precios altos y lograr que suban sus acciones. Pero los efectos nocivos de esta estrategia son claros», denuncian.
Así, critican que «al no disponer de una investigación coordinada y conjunta se retrasa la investigación en medicamentos y el descubrimiento de la vacuna efectiva». «Además, si al final y pese a la emergencia sanitaria mundial, la exclusividad de la patente permite que los precios fijados sean altos, millones de ciudadanos en el mundo y cientos de países no podrían pagar los tratamientos», lamentan.
Sin embargo, aseguran que existen instrumentos y herramientas para corregir estos precios exorbitados en el caso de que así ocurriera por una utilización abusiva de las patentes. «El Estado está habilitado para obligar a las empresas farmacéuticas, en una situación como la actual, a suministrar el medicamento o vacuna a precios asequibles y en cantidad suficiente a las necesidades del país. Si no respondiera a estos requerimientos se aplicaría de forma inmediata la licencia obligatoria», detallan.
En este sentido, plantean otra posibilidad de actuación del Gobierno «aún más radical», que consiste en la expropiación de la patente que permite al Estado por razones de necesidad social e interés público convertirse en propietario de la misma con una compensación fijada.
