Instituciones Penitenciarias comienza a distribuir otras 105.000 mascarillas
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) ha puesto en marcha este lunes la distribución de 105.000 mascarillas para los trabajadores de todas las cárceles españoles, que se suman a las 40.000 que han sido repartidas entre el personal funcionario.
El lote que se ha empezado a distribuir de mascarillas quirúrgicas y FFP2 ha sido recibido a largo de este fin de semana y este mismo lunes se ha iniciado su distribución por centros, que dependerá del número trabajadores e internos de cada uno de ellos, de las existencias previas, así como de las zonas de mayor contagio.
Dos funcionarios de prisiones han fallecidos a causa del coronavirus, un trabajador en Alicante y una enfermera en Estremera (Madrid). En total, hay 87 casos positivos en el ámbito de las prisiones, de los que 81 son trabajadores y los restantes seis, internos.
Además, internos de los centros penitenciarios de Madrid VII, Madrid I, Sevilla I, Córdoba, Huelva y Topas (Salamanca) han comenzado a confeccionar mascarillas. Se trata de protecciones no homologadas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios cuyo uso será estrictamente individual y reutilizable tras lavado a alta temperatura.
Desde el organismo dependiente del Ministerio de Interior ya han distribuido 40.000 mascarillas en el marco de las medidas adoptadas con carácter preventivo ante la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad de 2 metros con otros empleados en lugares cerrados, o los procedimientos de apertura y cierre de celdas cuando estos sean manuales.
PROTOCOLO PREVENTIVO
El pasado 10 de marzo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias adoptó las primeras decisiones de carácter preventivo y restrictivo de cara a combatir el COVID-19 en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, La Rioja y la prisión de Álava.
Durante esa semana, consideró que la suspensión de las comunicaciones especiales y de acceso a cualquier persona que no fuera trabajador afectara a todos los establecimientos penitenciarios, salvo Cataluña que tiene trasferida las competencias en esta materia.
Con el decreto de estado de alarma por parte del Gobierno el pasado 15 de marzo, decidió además cancelar todas las comunicaciones y los permisos de los cerca de 50.800 presos.
En esta misma línea, las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios y Centro de Inserción Social (CIS) aprobaban que internos clasificados en tercer grado siguieran cumpliendo la pena recluidos en sus hogares controlados, bien con pulseras telemáticas, bien con control de voz.
Para paliar estas decisiones, se han incrementado el número de llamadas telefónicas de los internos, pasando de 10 a 15. Además, en el caso de aquellos que carecen de recursos, la Administración penitenciaria les ha ofrecido de forma gratuita que puedan ponerse en contacto con sus familiares.
