El Congreso de Chile aprueba el cambio de fecha del plebiscito para el 25 de octubre por el coronavirus
La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este martes cambiar el calendario del proceso constituyente, por lo que el plebiscito en el que los chilenos tendrán que decidir si se redacta una nueva Constitución y cómo se hace se celebrará el 25 de octubre, en vez de el 26 de abril, debido a la pandemia de coronavirus.
Así lo ha comunicado el Congreso mediante su cuenta de Twitter, al tiempo que ha informado también del cambio en la fecha en las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes –si la ciudadanía aprueba una nueva Constitución–, que se celebrarán el 11 de abril de 2021.
Por otra parte, los diputados chilenos también han aprobado suspender la transmisión de propaganda electoral sobre el plebiscito. El proyecto de Ley se dirige ahora al Senado de Chile, donde hasta el momento se han registrado 922 casos de coronavirus.
Más de 14 millones de chilenos estaban llamados a acudir a las urnas el próximo 26 de abril para votar el plebiscito constitucional en el que se decidirá la redacción de una nueva Carta Magna. La actual está vigente desde 1981, cuando el dictador Augusto Pinochet tomó el poder por la fuerza.
Si gana la opción de avanzar hacia una nueva Carta Magna, los chilenos tendrán que decidir en el mismo plebiscito entre una asamblea constituyente compuesta por ciudadanos elegidos para ello y una instancia que incluya la participación de, al menos, el 50 por ciento de congresistas y la otra mitad con miembros elegidos para ese fin.
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una «agenda social». Para hacerla realidad, remodeló el Gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.
