CCOO y UGT piden fijar precios máximos del alquiler a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos
Instan a limitar las viviendas turísticas en las zonas tensionadas y a gravar fiscalmente las viviendas desocupadas en estas mismas zonas
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han presentado este lunes una iniciativa sindical por el derecho a la vivienda en la que plantean que se puedan fijar precios máximos de alquiler en España a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Para ambos secretarios generales, esta medida es necesaria para garantizar el acceso de la población a una vivienda con precios «razonables». Para Sordo, es necesario que el acceso a la vivienda se convierta en un derecho y no en un negocio.
En esta línea, ha recordado que el alquiler medio mensual en España ronda los 674 euros, pero existen «enormes» diferencias territoriales entre unos sitios y otros. «Para el 55% de los hogares pagar este precio medio del alquiler supone destinar más de un tercio de sus ingresos mensuales», ha recordado el secretario general.
Los sindicatos apuestan por que existan estadísticas oficiales fiables con el mayor nivel de desglose territorial posible sobre el nivel y la variación del coste medio del alquiler para poder llevar a cabo esta limitación de los precios máximos de alquiler.
Por ello, creen que se debe crear una comisión con participación de las diferentes administraciones implicadas, que anualmente identifique y actualice las zonas tensionadas de alquiler, cruzando los precios de alquiler y la renta disponible de los hogares, lo que «permitirá identificar anualmente las zonas prioritarias de actuación de las administraciones públicas».
No obstante, la iniciativa sindical dice que la limitación de los precios será temporal, y revisable anualmente. Para ello, dependerá de lo que persista en una zona determinada la elevada carestía del alquiler medio en relación al ingreso medio de los hogares.
PLAN DE VIVIENDA AMBICIOSO
CCOO y UGT han instado al Gobierno a legislar y regular en su ámbito de competencias y a impulsar actuaciones en materia de vivienda social. También creen que debe plantear un «ambicioso» Plan de Vivienda, Alquiler y Rehabilitación, que esté dotado de fondos suficientes y sostenidos en el tiempo y que focalice los recursos públicos en el alquiler «asequible» y en un parque público de vivienda de alquiler.
Además, consideran que se debe impulsar un Programa de Alquiler «seguro y asequible». El objetivo de esta iniciativa es el de captar viviendas desocupadas, rehabilitarlas cuando sea necesario e introducirlas en un sistema de alquiler seguro para el arrendador y asequible para el arrendatario.
Sobre la rehabilitación de viviendas, los sindicatos apuestan por optimizar el parque de viviendas ya construido y por incorporar un porcentaje relevante de las viviendas al Programa de Alquiler. Tanto CCOO como UGT creen que el volumen de financiación desde el Gobierno central podrá ser mayor cuando vaya acompañado de financiación de otras administraciones.
Por otro lado, ambas organizaciones han dejado claro que se debe incentivar la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión. Así, apuestan por gravar fiscalmente las viviendas vacías ubicadas en zonas tensionadas con fuerte necesidad de vivienda, ya sea gravamen ligado a su valor catastral o a los precios inmobiliarios en su zona de referencia.
REGULAR EL ALQUILER TURÍSTICO
También ven necesario que se regulen las viviendas turísticas y que se limiten en las zonas tensionadas, porque «la proliferación de viviendas turísticas en las principales áreas urbanas y zonas con fuerte presión turística está encareciendo los precios inmobiliarios y reduciendo la oferta de alquiler residencial».
Como primer paso, abogan por disponer de información de la dimensión del sector y de la concentración de la oferta para identificar las zonas saturadas, donde la proporción de viviendas turísticas supera un porcentaje determinado de las viviendas en alquiler y del total de viviendas.
El segundo eje de actuación de la iniciativa sindical pasa por aumentar los recursos destinados anualmente a la política estatal de vivienda y concentrar los recursos en un plan para consolidar un parque público de vivienda en alquiler asequible.
Para CCOO y UGT, el objetivo es que el presupuesto de la política de vivienda alcance inicialmente el 0,3% anual del PIB en cuatro años (entre 3.600 y 4.000 millones al año). No obstante, consideran que a medio plazo el objetivo debe ser el de alcanzar el 1% del PIB.
También piensan que se debería destinar el suelo público o protegido a la vivienda pública o asequible y que haya una auténtica segunda oportunidad para los hogares con deudas hipotecarias. Desde su punto de vista, con este nuevo procedimiento, los jueces deberían poder paralizar la ejecución hipotecaria en el caso de personas insolventes de buena fe, estableciendo un plan de pagos que les permita mantener la vivienda.
EL PLAN TENDRÍA UN COSTE DE CASI 3.000 MILLONES ANUALES
Los sindicatos cifran en 2.980 millones de euros el coste anual que tendría este Plan de Alquiler Público y Social, que recoge un primer eje de medidas que aborde la regulación y actuación sobre el mercado del alquiler y en una segunda fase un plan de alquiler público y social a partir de suelo público y privado para promover un parque público de alquiler.
«España necesita acometer una reforma fiscal en profundidad y la política de vivienda tiene mucho que decir en este sentido», han dejado claro los máximos representantes de las organizaciones sindicales, que han pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que sea «valiente» y que no se limite a medidas «de buena voluntad, sino que plantee medidas efectivas para reducir el precio de los alquileres máximos». «Pensamos que tenemos que ser más ofensivos», han dejado claro.
