Puigdemont y sus abogados denuncian en la Eurocámara «persecución jurídica»: «Las acusaciones no pasan los Pirineos»

BRUSELAS, 19

El eurodiputado y expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye se han presentado este miércoles como víctimas de una «persecución jurídica» por parte de las instituciones españolas, asegurando que los delitos que se les imputa «no pasan los Pirineos», en un acto organizado por Bildu y ERC en la Eurocámara, institución que en los próximos meses debe decidir si le retira la inmunidad para que sea extraditado a España.

Puigdemont ha aprovechado su participación en esta jornada centrada en el lawfare , o guerra judicial, para denunciar el uso de esta estrategia que tiene como objetivo «laminar las democracias y derechos fundamentales» de los rivales políticos y que, a su juicio, también se produce en sistemas en Europa.

Así, Gonzalo Boye, abogado del expresident ha señalado que el uso de estas técnicas es manifiesto en su caso porque «un mismo hecho no pasa el filtro de los Pirineos», en referencia a que el caso se haya detenido en Alemania, Bélgica o Reino Unido.

En esta línea, ha alertado de que un hecho sea considerado delito en un país y no en otro afecta a los propios cimientos de Europa y ha ligado el caso de Puigdemont al de «persecución a una minoría» nacional. «Estamos ante una situación que debería hacernos pensar», ha asegurado, y a su vez ha añadido que estas prácticas de lawfare se producen por una falta de «contrapoder» a las altas instancias judiciales que desarrollan su «propia agenda política».

De su lado, Andreu van den Eyden, abogado del exvicepresident Oriol Junqueras y del exconseller, Raul Romeva, ha expuesto el caso de sus clientes, apuntando a que se les ha señalado como «enemigos del Estado» y no como ciudadanos, y como tal «se viola sus derechos». A su juicio, el «control de la narrativa» es fundamental para casos de persecución política y esto se ha producido en el escenario catalán con la circulación de «fake news» y la introducción de «términos legales en la opinión pública».

«Las manifestaciones se relacionaban con violencia y los medios repetían que se trataba de un golpe de Estado. Se busca con esto un juicio mediático antes de que se dicte sentencia», ha subrayado, para añadir que los propios abogados han sido «objeto de acoso» por parte de los medios. Por último ha denunciado una reinterpretación de la ley en el juicio al procés, donde se ha «mantenido los cargos de rebelión por una cuestión estratégica» y ha avanzado que «la falta de proporcionalidad» será uno de las principales argumentos que llevará en su denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.

«MAL USO DE LA EUROORDEN»

El panel de debate también ha tratado el uso de la euroorden. Según Boye el mecanismo en sí mismo no es el problema sino el uso del mismo y, en este punto, se ha referido, sin citarlo, al juez Alberto Llarena al asegurar que «no existen precedentes de que se hayan activado tres órdenes por parte del mismo juez contra la misma persona».

Para el abogado y diputado de Bildu en el Parlamento vasco, Julen Arzuaga, ha criticado que el anterior sistema de entrega internacional permitía un «litigio» y ahora se basa en una confianza entre tribunales, lo que, según él, perjudica a casos como David Pla, dirigente de ETA que será extraditado a España desde Francia.

En el debate han tomado además la palabra el expresidente de Honduras, Gabriel Zelaya, el expresidente de Perú, Ollanta Humala, el abogado belga Cristophe Marchand, el dirigente de Bildu, Pernando Barrena, y la eurodiputada de ERC, Diana Riba, que han tratado desde distintos ángulos el tema de la persecución judicial.

La presentación ha contado con la presencia de media docena de eurodiputados, entre ellos los parlamentarios independentistas Toni Comín y Clara Ponsatí, en una sala que registró la mitad de aforo. Al finalizar el acto dos personas del público han increpado a Puigdemont.