España escoltó a asilados en la Embajada de México en Bolivia para que dejaran el país, pero con conocimiento de La Paz
El Gobierno reitera que la visita de diciembre fue de cortesía y apunta a la seguridad boliviana y a sus autoridades por no bajar la tensión
El Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que, el pasado mes de noviembre, México pidió ayuda a varios países ante «el elevado número de asilados» en su embajada en Bolivia, y que España «albergó temporalmente» a un «reducido número de personas» y escoltó a varias hasta el aeropuerto, «incluyendo a algunas personas que estaban en la Embajada mexicana».
No obstante, también afirma que ninguna de esas personas tenía «órdenes de detencion de ningún tipo» y que su salida del país se produjo «con conocimiento de las autoridades interinas» de Bolivia. Según dice, España cumplió en todo momento las obligaciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y «otras embajadas extranjeras en La Paz han llevado a cabo gestiones similares desde noviembre».
Todo ello lo explica el Gobierno en un texto, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre los incidentes junto a la Embajada de México en Bolivia el 27 de diciembre, que se saldaron con la expulsión de los dos diplomáticos españoles que habían visitado a la embajadora mexicana.
Entre sus preguntas, el PP quería saber también si era cierto que España había acompañado a personas afines al expresidente Evo Morales hasta la frontera con Argentina.
El Gobierno ha revelado que en noviembre, «con anterioridad» al incidente, la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, trasladó a España y otros países una «solicitud de apoyo» ante las dificultades de su Embajada «por el elevado número de asilados que acogió en un primer momento». La petición se hizo en la Embajada de España.
Así, la Embajada española «albergó temporalmente» y «por razones meramente humanitarias» a un «reducido número de personas que temían por su seguridad física». Todo ello «en el clima de violencia generalizada desatado en Bolivia» tras las elecciones de octubre y la renuncia del presidente Evo Morales cuando perdió el apoyo del Ejército en medio de acusaciones de fraude.
Sin embargo, sobre la visita del 27 de diciembre, el Gobierno insiste en que fue «de cortesía» y tacha de «noticias falsas» que se tratase de ayudar a los asilados a eludir «la acción de la justicia boliviana».
En ese sentido, deja claro que los dos diplomáticos españoles «no se reunieron con los asilados en la Embajada» porque sus instrucciones «se ceñían estrictamente a reunirse con la embajadora» para interesarse por las relaciones entre México y Bolivia y no «reunirse con los asilados ni trasladar a los mismos o recibir de ellos mensaje alguno».
LA POLICÍA BOLIVIANA NO PRESTÓ AYUDA
La respuesta parlamentaria respalda tanto a los diplomáticos como a los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) implicados en el suceso y culpa de éste a la seguridad boliviana: Según dice, los GEO pidieron la ayuda de la policía cuando «personas vestidas de paisano golpearon los vehículos de la Embajada e intentaron abrir las puertas» pero ésta «mostró una actitud pasiva».
Después, cuando consiguieron marcharse, «un vehículo que pertenecería a fuerzas de seguridad de Bolivia les persiguió embistiéndoles varias veces hasta que los vehículos de la embajada consiguieron eludirlo».
El Gobierno se muestra también muy crítico con las «autoridades interinas» bolivianas, afirmando que «lamenta profundamente» que, pese a las explicaciones españolas, diesen «pábulo a esas noticias falsas» y no dieran «ninguna muestra de voluntad de contribuir a desescalar la crisis».
Esa falta de voluntad «de reconducir constructivamente la situación se puso en evidencia –dice–, tanto por el tono y el contenido de las declaraciones públicas de las autoridades interinas bolivianas» como por la filtración de información y fotografías de funcionarios españoles.
El Gobierno también mantiene que la ministra entonces encargada de la cartera, Margarita Robles, no sabía nada de la visita. Los diplomáticos tenían instrucciones del secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, y éste solo informó a la ministra en pleno incidente, cuando los diplomáticos informaron de que sus vehículos no podían recogerlos tras la reunión.
El Gobierno desgrana en cinco páginas todo lo relacionado con aquella visita, comenzando por la «escalada de tensión» entre México y Bolivia a finales de diciembre de 2019 porque la Embajada mexicana acogía a excolaboradores de Morales y estaba sufriendo «hostigamiento» de las autoridades interinas.
En ese contexto, México pidió «actuaciones» a España y a la UE y, el 26 de diciembre, el delegado europeo en el país, León de la Torre, envió un mensaje a las Embajadas europeas diciendo que sería «muy positivo» visitar a la embajadora para «visibilizar el interés y preocupación» europea en ese asunto.
El mensaje lo recibió la número dos de la Embajada, Cristina Borreguero, encargada de negocios ad interim porque el embajador estaba fuera, y pidió instruciones a la Dirección General para Iberoamérica. En Madrid se consideró que la visita sería «oportuna» y «consistente» con la posición de España de apostar por rebajar la tensión en el país.
Además, tuvo en cuenta que la Delegación de la UE había hecho visitas «sin problemas» y el secretario de Estado no consideró oportuno consultar a la ministra. Borreguero se desplazó la mañana siguiente, acompañada del secretario de Embajada y cónsul, Álvaro Fernández.
«LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD HABITUALES»
Con ellos fueron también cuatro miembros del GEO, parte de un dispositivo de seguridad reforzada que llegó a Bolivia el 14 de noviembre «a raíz de la escalada de violencia». Según dice el Ejecutivo, los GEO llevaban «los elementos de seguridad habituales» en este tipo de dispositivos, incluyendo la posibilidad de «protección del rostro» para que no se difundan sus fotografías.
Conforme al relato, cuando los diplomáticos llegaron a la Embajada, el dispositivo policial boliviano les permitió entrar sin dificultades. Los GEO, ante la «importante presencia» de policías bolivianos en el exterior de la residencia, salieron fuera de la urbanización donde ésta se encuentra.
Después de 40 o 45 minutos de reunion, los diplomáticos pidieron al jefe del dispositivo de seguridad que regresaran a buscarlos pero, cuando los vehículos intentaron entrar, «las fuerzas de seguridad bolivianas indicaron que tenían órdenes de no permitir su entrada».
Fue ahí cuando la policía mostró una «actitud pasiva» ante las peticiones de ayuda de los españoles, mientras «personas de paisano» golpeaban los coches. El Gobierno recuerda que, aunque no hubiese habido petición, la Convención de Viena obligaba a los bolivianos a protegerlos.
También en ese momento fue cuando los GEO se cubrieron el rostro, al ver que estaban siendo grabados «por varias personas con dispositivos móviles» y decidieron retirarse, pero «se les bloqueó para impedirles la retirada». Cuando consiguieron salir aún les «embistió varias veces» un vehículo «que pertenecería a la seguridad de Bolivia.
La diplomática española informó del incidente a Madrid e intentó contactar con ter personas de la Cancillería (Ministerio de Exteriores) boliviano: la canciller, su número dos y su jefe de gabinete. La canciller Karen Longaric la contactó al cabo de nuahora y propuso enviar a la residencia de México un vehículo para llevar a los dos españoles a la Embajada de España, a lo que se accedió.
El Gobierno precisa que, entre tanto, la situación de seguridad había mejorado sustancialmente y que, por eso, se decidió mantener un dispositivo reforzado, pero ya sin GEO. Por ese motivo, la Embajada había comunicado el día 26 que los GEO iban a dejar el país, una comunicación que en los días siguientes se publicó en redes sociales «producto de una filtración procedente de la administración boliviana», dice el Gobierno en su respuesta.
