HRW denuncia que la impunidad alienta a los grupos armados e islamistas a seguir atacando en el centro de Malí
HRW ha documentado al menos 456 civiles muertos en ataques en 2019 pero cree que la cifra sería muy superior
Los ataques y masacres de civiles en el centro de Malí van en aumento, cobrándose cientos de vidas en medio de una persistente impunidad que anima tanto a los grupos yihadistas como a los grupos de autodefensa de carácter étnico que operan en esta parte del país africano a seguir actuando, según denuncia Human Rights Watch (HRW).
La violencia en el centro de Malí ha aumentado de forma sostenida desde 2015, cuando los grupos islamistas aliados a Al Qaeda comenzaron a avanzar desde el norte hacia el centro del país. Desde entonces, explica HRW, estos y los grupos que recientemente se han aliado a Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) han atacado a las fuerzas de seguridad y cometido atrocidades contra civiles.
Sus acciones han tenido como resultado la creación de grupos de autodefensa dogon, que también han cometido abusos, y de grupos armados de peul, que buscan defenderse de las acciones de represalia cometidas contra esta comunidad, predominantemente dedicada al pastoreo, a la que se suele vincular con los grupos yihadistas.
«El hecho de que el Gobierno de Malí no esté castigando a los grupos armados les está envalentonando para cometer más atrocidades», denuncia la directora para África Central de HRW, Corinne Dufka. «Los grupos armados asesinan, mutilan y aterrorizan a las comunidades en el centro de Malí sin ningún temor aparente de tener que rendir cuentas», añade, subrayando que «el balance humano en vidas rotas va en aumento a medida que los ciclos de violencia y venganza continúan».
La ONG ha contabilizado la muerte de al menos 456 civiles y cientos más de heridos en estos ataques durante 2019, si bien considera que el total de víctimas de la violencia islamista y comunitaria sería mucho mayor, dados los constantes asesinatos «ojo por ojo» de pastores que cuidan su ganado o de agricultores en sus campos.
En su informe » ¿Cuánta más sangre debe ser derramada? : Atrocidades contra civiles en el centro de Malí», HRW ha documentado un aumento de los ataques, con civiles masacrados en sus aldeas, hombres sacados a rastras del transporte público por su etnia, personas quemadas vivas y otras muertas por el estallido de explosivos.
2019, EL AÑO MÁS MORTÍFERO DESDE 2012
Sus datos confirman que 2019 ha sido el más mortífero desde 2012, cuando al golpe de Estado siguió una rebelión tuareg que pronto secuestraron los grupos islamistas hasta que fueron detenidos por la intervención militar francesa. Los ataques han continuado en este arranque de 2020, resalta la organización.
La información ha sido recabada durante las cuatro visitas realizadas al centro de Malí y Bamako en 2019 así como mediante entrevistas telefónicas de 147 víctimas de abusos y testigos, así como líderes de las comunidades peul, dogon y tellem, cooperantes, expertos y funcionarios de distintos ámbitos.
En el caso de los grupos yihadistas, HRW ha documentado ataques contra más de 50 aldeas y localidades principalmente cerca de la frontera con Burkina Faso y que han provocado un desplazamiento masivo de población.
Entre las atrocidades cometidas figura la matanza de al menos 38 civiles en ataques simultáneos en las localidades de Yoro y Gangafani. Además, más de 50 civiles han muerto por artefactos explosivos presuntamente por estos grupos, incluidas 17 personas que murieron por la bomba oculta en el cadáver de un hombre con discapacidad mental al que su familia iba a enterrar tras haber sido asesinado previamente.
LOS PEUL, EN EL PUNTO DE MIRA
El reclutamiento por parte de los islamistas de miembros de la comunidad peul ha contribuido a aumentar las tensiones con las comunidades agrícolas, que han formado grupos de autodefensa ante la inadecuada seguridad ofrecida por las fuerzas del Estado.
Los ataques por parte del grupo de defensa dogon –conocido como Dan Na Ambassagou– incluyen la matanza de 39 civiles peul en Koulogon el 1 de enero de 2019 así como la que es hasta la fecha la peor matanza en años, la de más de 150 civiles peul el 23 de marzo en Ogossagou. A su vez, peul armados también han perpetrado algunos ataques. Entre ellos, HRW cita la masacre del 9 de junio de 35 civiles dogon en Sobane Da.
IMPUNIDAD FRENTE A LOS ABUSOS
Aunque el Gobierno maliense ha prometido sentar en los tribunales a los responsables de las peores atrocidades, lo cierto es que, según HRW, en 2019 los tribunales solo abrieron varias investigaciones y condenaron a unas 45 personas por pequeños incidentes de violencia comunitaria. Sin embargo, hasta la fecha, ningún líder de grupo armado implicado en masacres ha sido interrogado y mucho menos procesado.
Desde 2015, HRW ha documentado el asesinato de casi 800 civiles por grupos étnicos e islamistas armados en el centro de Malí. En este periodo, solo se han celebrado dos juicios por asesinato. «La gente ha aprendido que puede matar y quemar y destruir sin consecuencias», ha lamentado un anciano en declaraciones a la ONG.
En este sentido, HRW sostiene que las autoridades de Malí deberían dedicar más energías y esfuerzos a investigar de forma adecuada y llevar ante la justicia a los responsables de graves abusos contra los Derechos Humanos.
Además, la organización considera que los socios internacionales del país africano deberían aumentar el apoyo al sistema judicial en el centro de Malí así como a la Unidad Judicial Especializada en Terrorismo y Crimen Organizado, que tiene su sede en Bamako y cuyo mandato se amplió en 2019 para incluir crímenes de guerra y otros delitos internacionales graves.
«El Gobierno, con la ayuda de sus socios internacionales, necesita hacer mucho más para procesar a los responsables de los crímenes y desmantelar a estos grupos armados abusivos», reivindica Dufka.
