El pedáneo de Santullán dice que la Junta Vecinal defiende «a capa y espada» los intereses públicos en La Loma
El alcalde pedáneo de Santullán y concejal del PRC en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Julián Revuelta, ha declarado este lunes como testigo en el juicio del caso La Loma ante la Audiencia provincial, donde ha reivindicado que la Junta Vecinal, que ejerce la acusación particular, está «defendiendo a capa y espada los intereses públicos» del pueblo, y también el interés del Ayuntamiento.
Así lo ha señalado en respuesta al abogado del Ayuntamiento castreño, quien ha reprochado a Revuelta que la indemnización por importe de 200.000 euros que la Junta Vecinal reclama en este proceso -por daños en caminos- «le puede causar un perjuicio de 24,6 millones de euros al Ayuntamiento, al que usted también pertenece», le ha espetado.
Esa es la cuantía de la indemnización que solicita al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario Altamira Santander Real Estate, en el caso de que se declare la nulidad del plan parcial, el proyecto de urbanización y el de compensación del SUNP 12, que es lo que piden la Fiscalía y la Junta Vecinal por irregularidades en su tramitación.
También solicitan la nulidad de las licencias de 46 chaléts construidos al amparo de esos instrumentos por Vallehermoso -ahora propiedad de Altamira-, así como su demolición, con la diferencia de que la Fiscalía sí pide la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento y la Junta Vecinal no.
Revuelta, que ha declarado durante más de tres horas, ha defendido que la Junta Vecinal de Santullán, que preside desde 2003, está defendiendo el interés del Ayuntamiento, y ha señalado que cuando Altamira adquirió esas parcelas y viviendas «ya sabía en qué proceso se estaba metiendo y que esos terrenos estaban judicializados».
La denuncia de la Junta Vecinal por la invasión de unos caminos de su propiedad durante la ejecución de las obras del SUNP 12 en el año 2006 fue la que dio origen a la macrocausa de La Loma, instruida por el polémico juez Luis Acayro Sánchez, entonces titular del juzgado número 2 de Castro Urdiales.
REPROCHES DE LA FISCAL
Tanto la fiscal, Pilar Santamaría, como los letrados de las defensas, han reprochado a Revuelta que la Junta Vecinal no combatiera esos instrumentos urbanísticos en el momento de su aprobación.
El pedáneo ha explicado que a finales de 2003 presentaron una alegación a la aprobación inicial del plan parcial del SUNP 12 solicitando la inclusión de una parcela de la pedanía de 20.000 metros cuadrados que quedaba «embutida» en medio del SUNP 4 y el 12, pero el Ayuntamiento la desestimó por ser suelo rústico y la Junta Vecinal aceptó la decisión y no la recurrió.
Revuelta, que entonces era alcalde pedáneo por el PSOE y desde 2011 los es por el PRC, ha explicado que «se nos encendieron todas las alarmas» cuando en abril de 2006 «entran las máquinas, rompen paredes y destrozan los caminos vecinales».
Según ha explicado, la junta vecinal intenta en primer lugar parar las obras, y al no conseguirlo, remite un escrito al ayuntamiento, del que no obtiene respuesta ni recibe «auxilio», y decide iniciar un expediente de recuperación de oficio de esos bienes, a la vez que solicita la nulidad del plan parcial y el proyecto de compensación del SUNP 12 y presenta una denuncia a la Guardia Civil que días después amplía.
Esa denuncia, que fue la que abrió la vía penal, iba dirigida contra el entonces alcalde Fernando Muguruza (PRC), que estaba aforado por ser diputado regional, y contra el concejal de Obras, Servicios y Aguas, Salvador Hierro (IU). Revuelta ha señalado que eran «la cabeza visible», quienes ostentaban las competencias de Urbanismo y Obras y tenían «capacidad para dirigir el SUNP-12».
De hecho, Revuelta «sigue convencido» de que Hierro fue quien «propició la reclasificación» de los terrenos del SUNP-12, como declaró en su día ante el juez instructor. En todo caso, ha afirmado que no tiene ningún interés personal, ni enemistad con los acusados y que su único objetivo es defender el patrimonio de la Junta Vecinal. Y ha explicado que puso una querella a Hierro por injurias (fue desestimada) porque le llamó «ladrón, delincuente y corrupto»
UNANIMIDAD
Ha añadido que la Junta Vecinal ha actuado siempre por unanimidad, bajo el asesoramiento de abogados -José Antonio Gutiérrez Olivares primero y Yolanda Merino después- y «de la mano del juez y la fiscal», aunque luego ha matizado que «de la mano de la fiscal y su abogada».
Varias defensas le han preguntado por qué la Junta Vecinal ha excluido de la acusación a los exconcejales Marta González, Elisa Dopico y Pedro Revuelta -primo carnal del pedáneo y entonces concejal de Juntas Vecinales (PP)-.
Revuelta ha contestado que cree que «hubo alguna confusión» y que tendrán que preguntárselo a su abogada, Yolanda Merino, porque la decisión de la Junta Vecinal fue acusar a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local ya que tenían toda la información y aprobaron los instrumentos urbanísticos.
La macrocausa de La Loma, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, llegó a la Audiencia con 45 acusados para los que la Fiscalía solicitaba cerca de 200 años de cárcel.
La decisión de la fiscal, Pilar Santamaría, de «contraer» la causa al SUNP 12 y retirar los cargos a 39 acusados -todos menos seis-, propició que se retiraran de la causa todas las acusaciones particulares salvo la Junta Vecinal de Santullán, y dejó el número final de acusados en 13, entre ellos los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, acusados de prevaricación y cohecho, respectivamente.
