Vigilantes de seguridad privada se concentran para reclamar más protección jurídica y personal
Vigilantes de seguridad privada de Cantabria se han concentrado este viernes en la entrada de la Delegación del Gobierno para reclamar a las instituciones más protección jurídica y personal en el desarrollo de su trabajo ante el aumento de agresiones físicas.
Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USO han convocado esta concentración, que se ha desarrollado de 11.00 a 12.00 horas, han denunciado que en la región se vienen registrando una media anual de más de 30 de agresiones a vigilantes de seguridad y que se producen «por el simple hecho de cumplir con su trabajo».
Por ello, han reclamado a las instituciones y empresas de seguridad más protección jurídica, es decir que haya mayores penas por agredir a los vigilantes de seguridad, y que eso se contemple en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada y que «está metido en un cajón» desde hace cinco años.
Los vigilantes, que suman unos 1.000 en toda Cantabria, han exigido también más medidas de seguridad individuales para protegerse frente a esas agresiones, como sprays o chalecos y guantes anticortes.
El representante de UGT, Alberto González, ha señalado en declaraciones a la prensa que las instituciones y empresas «deben dar protección a los vigilantes» y eso solo se puede hacer en el desarrollo del reglamento de la Ley de Seguridad Privada «que lo tienen parado desde hace más de cinco años».
«Pedimos que se abra ese reglamento y se metan medidas de seguridad para los vigilantes, medidas para la protección jurídica para que se nos considere agentes de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones y también medidas individuales de protección para los trabajadores que obliguen a las empresas a dotarnos del equipamiento necesario», ha dicho.
Y ha señalado que esto es necesario porque los vigilantes de seguridad «somos la primera fuerza de choque» antes de que lleguen al lugar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que, en ocasiones, «cuando llegan el delincuente ya está detenido».
Por su parte, el portavoz de USO, Gerardo Prieto, ha indicado que las agresiones a vigilantes de seguridad se producen en su mayoría en lugares de grandes aglomeraciones, en estaciones de tren, hospitales o centros comerciales.
«Necesitamos más protección jurídica y personal proporcional a los servicios que prestamos y, por ello, pedimos a las empresas que nos aporten los equipos necesarios y a las instituciones que blinden más nuestro trabajo», ha añadido.
Y desde CCOO, Fernando Mirones ha denunciado «el compadreo entre las empresas de seguridad privada y las instituciones públicas competentes». «En estas fechas están con constantes comidas y celebraciones pero no supervisan como debieran el trabajo de los vigilantes», ha criticado.
Además, ha lamentado que hay «mucha lentitud burocrática» y eso «no nos gusta». Y es que ha relatado que ha habido algunos vigilantes que han solicitado adquirir por su cuenta equipos de protección «y no se les ha autorizado».
«Todo va lento y por eso hacemos un llamamiento al Cuerpo Nacional de Policía, la Delegación del Gobierno y el Gobierno de Cantabria, instituciones competentes, para que se den cuenta del problema que tenemos y dejen de sacarse fotos y se preocupen más de las personas», ha concluido.
