Abogados de Forcadell, Sànchez, Rull, Turull y Cuixart creen que la sentencia fue injusta y «fulmina» la inviolabilidad
Jordi Pina critica en el Icab que el TS no dedicó ni «una sola línea» a justificar las penas
BARCELONA, 16
Los abogados de los dirigentes independentistas condenados por el 1-O Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Cuixart han analizado este lunes en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y han argumentado que fue «injusta».
La abogada de Forcadell, Olga Arderiu, ha considerado que «no hay ninguna razón» para que la expresidenta del Parlament no esté con el resto de miembros de la Mesa de la Cámara catalana que aún tienen que ser juzgados por presunta desobediencia.
Ha resaltado que Forcadell fue juzgada por admisiones a trámite de leyes relacionadas con el proceso soberanista pese a las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) de que no lo hiciera, pero que «su voto no fue de calidad», sino que valió lo mismo que el de resto de miembros de la Mesa.
Arderiu ha concluido que Forcadell no fue juzgada por su etapa como presidenta del Parlament, sino por «ser la presidenta de la ANC» anteriormente, lo que ha considerado la única explicación de que no sea juzgada por desobediencia junto al resto de miembros de la Mesa.
El abogado de Cuixart, Àlex Solà, ha considerado que con el juicio el TS «ha fulminado» la inviolabilidad parlamentaria, no solo de los parlamentos autonómicos, sino también de las Cortes Generales, según ha dicho.
También ha declarado que «el Supremo ha hecho de Tribunal Constitucional punitivo» porque en la sentencia se hace el tratado definitivo de por qué el derecho a decidir no exista, además de crear una nueva definición de la democracia española, según ha dicho.
El abogado de Sànchez, Rull y Turull, Jordi Pina, ha señalado que hasta octubre de 2017 «confiaba ciegamente en la justicia de este país» pero que esto terminó desde el día 16 de ese mes.
Ha insistido en que lo que hicieron los dirigentes del proceso soberanista no era constitutivo de «ninguna infracción penal» y ha considerado que se intentó resolver un conflicto político donde no tocaba.
Ha cuestionado la imparcialidad del tribunal a raíz de hechos como que el juez instructor Pablo Llarena usara la expresión el acoso que sufrimos , que el tribunal hiciera una pregunta incriminadora al mayor de los Mossos d Esquadra cesado Josep Lluís Trapero y que respondiera «pues mucho mejor» al abogado Benet Salellas cuando este afirmó que no haría más preguntas.
CONTRA LA SEDICIÓN
Pina también se ha opuesto a la existencia de un delito sedición y, sobre la manifestación del 20-S ante la Conselleria de Economía durante un registro ordenado por un juez, ha dicho que no pretendía impedir la labor de los investigadores y ha ironizado: «40.000 personas, si quieren, arrasan y salen los guardias civiles en calzoncillos».
El letrado ha criticado que el Supremo no dedicara ni «una sola línea a determinar la pena» de los presos y a justificarla, y que en una de las páginas de la sentencia se usara el término rebeldes –pese a que no hubo condena por rebelión–.
Tras la mesa con los abogados, ha intervenido el catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Centro de Investigación en Criminonlogía, Nicolás García Rivas, que también es autor del libro La rebelión militar en el Derecho Penal .
El académico ha defendido que hay que derogar el delito de sedición del Código Penal –lo que también implicaría despenalizar a los que están «injustamente en prisión»– porque es una reminiscencia del siglo XIX con un redactado demasiado ambiguo.
García Rivas ha sostenido que el TS ha dictado sentencia «reconvirtiendo el delito de sedición en un delito político» al considerar que se ha recuperado un concepto antiguo de orden público como orden social y político.
