Facua denuncia que el 35% de los ciudadanos espera una semana o más para una cita con su médico de familia
El 34,7 por ciento de los ciudadanos tiene que esperar una semana o más para lograr cita con su médico de familia en la sanidad pública, según una encuesta a nivel nacional realizada por Facua-Consumidores en Acción.
Solo el 24,6 por ciento de los pacientes encuestados obtuvieron la cita médica para el día siguiente o el mismo día en que la solicitaron. El 52,8 por ciento tiene que esperar un plazo de más de tres días. Casi uno de cada diez se encontró con que el plazo era de al menos quince días.
En cinco comunidades, más de la tercera parte de los encuestados ha puesto de manifiesto esperas de una semana o más para obtener la cita médica. Se trata de Andalucía, Cataluña, Islas Canarias, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
En la encuesta, realizada entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre, han participado 5.415 usuarios. Para obtener los datos, Facua les pidió que contactasen con su centro de salud o usasen el teléfono, web o app del sistema público de salud de su comunidad autónoma y comprobaran cuál era la fecha más próxima en la que les darían cita con su médico de atención primaria.
Cataluña es la comunidad donde los usuarios han puesto de manifiesto mayores plazos para lograr la cita médica: el 73,9 por ciento de los encuestados indicaron que tenían que esperar un mínimo de siete días para ver a su médico de cabecera. El 7,4 por ciento manifiestó que le daban la cita para el día siguiente o el mismo día en el que la solicitaba.
Con respecto a estos datos, Facua advierte de que las comunidades autónomas que no tienen suficientemente dimensionado el número de facultativos para la Atención Primaria «no solo provocan perjuicios para los usuarios, sino el colapso de los servicios de urgencias». «Y es que al no lograr citas en plazos razonables, muchos pacientes se ven obligados a recurrir a las urgencias de centros de salud y hospitales», denuncian.
Por ello, reclaman a los gobiernos autonómicos «transparencia» en sus modelos de gestión sanitaria, un «correcto dimensionamiento» de los servicios, recursos «suficientes» para atender las necesidades de la población y que «se abran» a una «auténtica participación de la sociedad civil organizada en el diseño de las políticas sanitarias para garantizar la calidad que necesita el sistema público de salud».
Por último, Facua denuncia asimismo que, en ciertas comunidades, la devaluación de la sanidad pública responde «a una estrategia política que solo busca expulsar a los pacientes a la privada, para beneficio de las empresas del sector».
