Elizalde aboga por «paridad de género y participación de pueblos originarios» en el acuerdo constitucional
El presidente del Partido Socialista de Chile, Álvaro Elizalde, ha abogado este sábado por la «paridad de género, la participación de independientes, pueblos originarios, entre otros» para garantizar una amplia representatividad y legitimidad en el acuerdo para cambiar la Constitución del país.
«Nosotros hemos planteado la necesidad de enriquecer este acuerdo, y lo hemos hecho de forma constructiva, porque creemos que si el proceso constituyente tiene estas características, sería mucho más representativo», ha señalado Elizalde, según ha recogido Radio Cooperativa.
En este contexto, también ha defendido que las negociaciones en este sentido tienen que mostrar «resoluciones a las demandas que ha planteado la ciudadanía» y «esto debe plasmarse en una reforma constitucional que esperamos presentar próximamente».
El Congreso de Chile acordó celebrar un plebiscito en abril de 2020 como un primer paso para cambiar la Constitución tras las fuertes protestas que se registraron en el país.
El plebiscito contará con dos alternativas: una que plantea la opción de una asamblea constituyente compuesta por ciudadanos elegidos para ello y otra con una instancia que incluya la participación de al menos el 50 por ciento de congresistas y la otra mitad con miembros elegidos para ese fin.
El documento también subraya que una vez redactada la nueva Constitución, será sometida a un plebiscito ratificatorio «mediante sufragio universal obligatorio».
CRISIS POLÍTICA
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una «agenda social». Para hacerla realidad, ha remodelado el Gobierno y ha iniciado un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
En estas semanas, al menos 19 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil han sido detenidas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.
