La Audiencia Nacional decide hoy si mantiene a Villarejo en prisión con una vista por videoconferencia

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidirá este jueves si mantiene en prisión provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo, que está a punto de cumplir dos años en Estremera, mediante la celebración de una vista de prórroga que se celebrará por videoconferencia, según informan en fuentes jurídicas a Europa Press.

Tras dos cambios de fecha por razones de agenda y un recurso en reforma del comisario para pedir documentación a la cárcel sobre su estado de salud, la defensa de Villarejo había solicitado de nuevo la suspensión de la vista por el empeoramiento de la hipertensión que padece y que le está siendo tratada en la cárcel.

En concreto, de acuerdo al escrito al que tuvo acceso Europa Press, pedía suspender la convocatoria por «una nueva crisis hipertensiva» por la que se le ha tenido que aplicar «un tratamiento de choque» y ha sido «dado de baja por enfermedad hasta el próximo viernes 25 de octubre».

El recurso ha sido atendido sólo parcialmente, pues la vista tendrá lugar en la fecha establecida pero en lugar de trasladar a Villarejo desde la cárcel a la Audiencia Nacional, podrá acudir por videoconferencia desde el centro penitenciario.

A continuación de la vista está previsto además que se le interrogue sobre una de las piezas separadas de investigación, Land , ya que la última vez que se le llamó sobre este asunto, pidió posponerlo alegando que no había tenido acceso al procedimiento.

Villarejo cumple dos años en prisión provisional el 5 de noviembre, aunque la barrera del límite previsto por ley se cumple el día 3, fecha en que fue detenido. Se hace así preceptivo celebrar una comparecencia en la que las partes aleguen si debe seguir en preventiva hasta el máximo legal de 4 años en tanto no medie juicio y condena o si por el contrario, aconsejan puesta en libertad con algún tipo de medida cautelar.

PODEMOS PEDIRÁ QUE SE PRORROGUE LA PRISIÓN

De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la acusación popular que ejerce Podemos solicitará que se prorrogue la situación de prisión provisional atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan -organización criminal, extorsión, cohecho, blanqueo, revelación de secretos y contra la Hacienda, entre otros– y por entender que concurre elevado riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.

En concreto, llaman la atención sobre la existencia de numerosa información encriptada, que el comisario no ha contribuido a desmadejar, y al hecho de que consideran plausible que pueda contar con medios informáticos para eliminarla de manera remota si sale de la cárcel, lo que supone a su parecer, un riesgo real de obstrucción a la acción de la justicia.

En la misma línea, la acusación popular argumenta que aún desencriptada, queda abundante documentación por analizar que podría revelar nuevos delitos cuya investigación él podría intentar obstaculizar.

Es tesis similar a la que han venido manteniendo tanto el instructor como la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en estos dos años, cuando el comisario ha solicitado una docena de veces su puesta en libertad incluso mediante el artículo 100.2 del Código Penal que permitiría, por ejemplo, un arresto domiciliario con medidas telemáticas, sin que se atendieran sus pretensiones.

ANTICORRUPCIÓN SIEMPRE SE HA OPUESTO

En todas estas ocasiones la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado contraria a la puesta en libertad del comisario, argumentando que la gravedad de los delitos que se le imputan y el horizonte de penas que afrontaría por ellos justifican mantenerle en prisión, sumado al hecho de que sigue aflorando patrimonio oculto en el extranjero, que parte de la documentación digital que se le intervino no ha sido aún desencriptada y podría interferir para destruirla y que sigue existiendo riesgo de reiteración delictiva.

La defensa del comisario, por su parte, considera que su estado de salud es lo suficientemente delicado como para acordar la puesta en libertad.

En la documentación remitida al juzgado a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que sufre «una grave hipertensión arterial iniciada tras su ingreso en prisión en noviembre de 2017, que no remite ni siquiera con tratamiento médico-farmacológico continuado lo que supone un riesgo cierto de sufrir un evento cardio o cerebro vascular (infarto, ictus o hemorragia cerebral) de consecuencias muy graves o fatales para su vida o su salud».

Sobre este asunto, la acusación que ejerce Podemos considera que no es obstáculo para mantenerle en prisión dado que no se trataría de «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables» en los términos que recoge el Reglamento Penitenciario, sino de enfermedades o trastornos menos graves que pueden ser tratados en prisión.