Carcedo subraya el papel de los servicios sociales para conseguir una sociedad cohesionada y «más exitosa»
Lambán aspira a que Aragón «sea líder en servicios sociales»
ZARAGOZA, 23
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha subrayado el papel de los servicios sociales para «impedir que el código postal de las personas se convierta en el mejor predictor de lo bien o mal que les va en la vida» y ha remarcado que una sociedad cohesionada «es mejor» y «más exitosa social, económica y políticamente».
Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto de celebración del décimo aniversario de la Ley de Servicios Sociales de Aragón, celebrado en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, en el que también han participado el presidente autonómico, Javier Lambán, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y el director del Instituto de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, entre otras autoridades.
Según ha expuesto Carcedo, el trabajo de los responsables públicos, de la sociedad civil y del tercer sector es «permitir que todas las personas puedan seguir hacia delante sin riesgo de exclusión» y para eso «no hay mejor invento que el motor que impulsa la maquinaria del Estado del Bienestar, en este caso, los servicios sociales».
La ministra ha sostenido que el sistema de protección social español «no sería reconocible sin los servicios sociales» y ha opinado que esto fue especialmente palpable tras la crisis porque «gracias a ellos se supo responder con premura y eficacia a las necesidades sociales».
Carcedo ha calificado de «época prodigiosa del Estado del Bienestar» el trabajo realizado en los años ochenta y noventa del siglo pasado, en el que se pusieron las «primeras piedras» del edificio «que hoy conocemos como el Estado de Bienestar», un acción que partió de «prácticamente la nada».
Por eso, hubo de asumir su cobertura, capacidad de institucionalización y profesionalización, así como la inversión de fondos públicos, ha dicho la ministra, para mencionar como avances de aquella época las leyes de sanidad y educación o las pensiones no contributivas para mayores y personas con discapacidad. Ha añadido que fue a principios del siglo XXI cuando se dio un impulso importante a los servicios sociales.
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Carcedo ha explicado que tras la «gran transformación social» que ha sufrido la sociedad española, ha sido preciso impulsar reformas legislativas y abordar asuntos como la desigualdad de género, el cambio en la naturaleza de las familias, la llegada de inmigración, el aumento de la esperanza de vida, la gestión de los cuidados de las personas en situación de dependencia y la diversidad.
En este marco, ha considerado que Aragón ha actuado «de la mejor manera posible» con una ley de Servicios Sociales que «ha servido de inspiración a otras Comunidades autónomas», incluyendo la universalidad en el acceso a los servicios sociales y contemplándolo como un derecho.
En concreto, ha remarcado la configuración del acceso a las prestaciones esenciales del sistema público de servicios sociales como un derecho subjetivo, el establecimiento de los mecanismos de coordinación y trabajo en red de todas las Administraciones públicas y la regulación del marco normativo básico para la iniciativa privada.
Carcedo ha resaltado que Aragón «ha apostado por servicios sociales de calidad que mejoran la vida de miles de personas y atienden desafíos actuales», para apuntar como factor favorable de esta Comunidad la existencia de una sociedad civil organizada en el tercer sector.
RELEVANCIA DE LAS CCAA
La ministra ha remarcado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes del acto, el papel de las Comunidades autónomas «en la articulación de políticas de bienestar y específicamente en las materias de servicios sociales».
Ha señalado que también los ayuntamientos prestan servicios sociales de cercanía, «en ese nivel primario que llamamos de atención primaria, que felizmente se ha recuperado por sentencia del Tribunal Constitucional».
Además, ha recordado que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 había una partida de más de 500 millones de euros para incrementar la aportación de la Administración central a las personas dependientes en espera de una prestación o servicio. «Esa es la voluntad, que no se ha modificado», ha constatado, a pesar de que no se pudieron aprobar las cuentas este año.
DESARROLLO
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha señalado que si en la legislatura pasada el trabajo se centró en elaborar un gran elenco de leyes, «en la presente legislatura nos vamos a dedicar a desarrollar todas esa normas con la aspiración de que esta Comunidad autónoma sea líder en servicios sociales».
Según ha expuesto, el objetivo es seguir acomodando su prestación «a las nuevas realidades», fundamentalmente las relacionadas con el envejecimiento de la población, despoblación, nuevas modalidades familiares, incorporación mujer al trabajo y la necesidad de compaginar vida laboral y personal. «Queremos estar a la altura de estos retos y desafíos», ha apuntado.
En declaraciones a los medios de comunicación, antes del acto, ha dicho que si en Aragón se mantiene «la incorporación de dependientes al ritmo que lo hemos hecho estos últimos cuatro años», en los que se ha pasado de atender 16.000 a 32.000, «en un año podía terminar definitivamente la existencia de lista de espera y todas las personas susceptibles de ser atendidas podrían ser incorporadas».
Además, ha planteado como retos abordar la ampliación de los servicios dirigidos a las personas mayores, atender la pobreza infantil y «hacer el máximo esfuerzo para mejorar la dotación de infraestructuras y residencias».
DE BENEFICENCIA A DERECHOS
Lambán ha explicado, durante el acto, que gracias a la democracia, la Constitución española y el Estatuto se ha pasado de la «beneficencia» al reconocimiento expreso de derechos subjetivos y «exigibles incluso ante los tribunales», ha agradecido la tarea de Ana Fernández como la consejera del Gobierno de Aragón que impulsó la redacción de esta ley, que contó con un proceso participativo con más de 200 entidades, así como el trabajo de la actual consejera, María Victoria Broto, por desarrollar la norma.
El presidente autonómico ha hecho balance de los servicios sociales, que atienden a unas 90.000 personas en la Comunidad, mientras que más de 250.000 han tenido algún tipo de relación con los servicios sociales y en torno a 140.000 tienen cada año un tipo de prestación y servicio del sistema.
La consejera Broto ha dicho que esta ley fue «pionera» en el Estado al considerar los servicios sociales «como derecho de ciudadanía» y se ha congratulado de haber tenido el mejor presupuesto en servicios sociales con el que nunca ha contado la Comunidad autónoma, algo que «mide la fibra moral de un gobierno», así como el trabajo de los profesionales y de las propias entidades sociales y empresas.
El director del IASS, Joaquín Santos, ha puesto énfasis en reconocer a los usuarios, con sus historias humanas, como los protagonistas de los servicios sociales.
El décimo aniversario de la ley ha incluido la actuación del coro inclusión Cantatutti de la Universidad de Zaragoza, así como la proyección de dos vídeos, uno con historias personales de usuarios y otro con los responsables que impulsaron la ley.
VISITA A LA RESIDENCIA
Previamente, la ministra y la consejera Broto han visitado la residencia y centro de día para mayores Las Fuentes , donde han conocido en primera persona las actividades de gerontogimnasia y de terapia ocupacional y han coincido con los usuarios y trabajadores.
Este centro, de titularidad del IASS y con gestión desde 2015 de la UTE Sacyr Social y por Fundación Salud y Comunidad, ofrece servicio integral a 68 usuarios, 64 plazas en estancia fija, y cuatro como estancia temporal. Su centro de día da servicio a 35 usuarios de lunes a sábado.
