FAES dice que el efectivo cumplimiento de penas sin beneficios es clave para la credibilidad del orden jurídico
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) considera que el «efectivo cumplimiento de las penas «sin beneficios» a los dirigentes independentistas que han sido condenados en el juicio del procés es clave para la «credibilidad del orden jurídico democrático».
El análisis de la fundación que preside José María Aznar señala que no debe haber «ninguna duda» por parte del Estado a la hora de asegurar el orden legal y la integridad del sistema constitucional. Según añade, eso incluye la integridad de una sentencia que «no debe quedar privada de sus efectos preventivos y punitivos por condiciones privilegiadas de cumplimiento de las penas o por iniciativas de indulto para quienes insisten en que lo volverán a hacer «.
«El efectivo cumplimiento de las penas sin beneficios que desde ahora deben quedar excluidos por la propia contumacia de los condenados es una cuestión esencial de credibilidad del orden jurídico democrático», recalca FAES.
ASEGURAR QUE NO HAY IMPUNIDAD PARA PUIGDEMONT
De la misma manera, subraya que «asegurar que no hay impunidad pasa también por poner los medios legales» para que el expresidente catalán Carles Puigdemont huido en Bruselas «se enfrente a sus responsabilidades». «A ese fin se dirige la nueva orden europea de detención y entrega cursada por el instructor Pablo Llarena a petición de la Fiscalía», añade la fundación en un análisis recogido por Europa Press.
A su entender, las autoridades belgas tendrán que dar la respuesta que exige el marco de cooperación judicial europea pero ahora con una sentencia del Tribunal Supremo que «fija hechos y razonamientos jurídicos exhaustivos». FAES considera que debe asegurarse que, para esta finalidad, «se utilizarán todos los medios, incluido el recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
FAES cree que era «perfectamente razonable» que, en la línea seguida por la Fiscalía, se sostuviera que una actuación como la de septiembre y octubre de 2017 desde un gobierno autonómico implicaba una violencia «inherente a un poder público que se había situado al margen de la obediencia a las leyes». A su entender, esta interpretación «seguramente se correspondía más fielmente con la percepción social de lo ocurrido en Cataluña».
De hecho, recuerda que el Tribunal Supremo declara que «la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado acreditada». Sin embargo, la exoneración de los políticos independentistas catalanes del delito de rebelión pone de manifiesto «la mentira y la cobardía de estos, según sus propios criterios».
ACTUALIZAR LOS MEDIOS LEGALES
Así, subraya que fueron los procesados los que «para librarse de la acusación de rebelión banalizaron la declaración de independencia que habían proclamado con toda la exhibición de retórica típica del nacionalismo, la dejaron reducida poco menos que a una diversión sin más pretensiones, y reconocieron, en suma, que mintieron».
FAES asegura que la sentencia «no acaba con los propósitos desestabilizadores del independentismo en Cataluña» pero «sí aporta el elemento esencial de la afirmación del orden jurídico, del Estado de Derecho, restablecido mediante la actuación de los tribunales». Añade que la cuestión ahora para la sociedad catalana es si se deja arrastrar por esos propósitos desestabilizadores o si «toma nota de la enorme mentira perpetrada por el independentismo y por sus grotescos liderazgos en Barcelona y en Bruselas».
Y en línea con las reformas que ya apunta el líder del PP, Pablo Casado, la fundación de Aznar cree que «hay materias de política legislativa que deberán ser abordadas en su momento para actualizar los medios legales a disposición del Estado de derecho para asegurar su integridad».
