Los letrados del Senado concluyeron ya en 2015 que un Gobierno en funciones y un Senado disuelto pueden aprobar el 155
En noviembre de aquel año el Parlament aprobó la primera resolución abriendo el procés hacia la independencia
Los servicios jurídicos del Senado ya apuntaron en el año 2015, a instancias del PP, que un Gobierno en funciones puede plantear la aplicación del artículo 155 en Cataluña y que la Diputación Permanente del Senado, estando la Cámara Alta disuelta por la convocatoria de elecciones, tiene capacidad para debatir y aprobar o no las medidas que le presenta el Ejecutivo.
Precisamente este martes el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ha querido dejar claro que no quiere llegar al «extremo» de tener que aplicar el artículo 155 en Cataluña, pero ha aclarado que, si se ve obligado a ello, no supondrá «ningún problema» que el Ejecutivo se encuentre en funciones.
GARCÍA ESCUDERO PREGUNTÓ
Según han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press, el presidente del Senado entonces, Pío García-Escudero (PP), hizo una consulta verbal a los letrados de la institución para conocer su opinión sobre una posible aplicación del 155 a finales de 2015. La legislatura estaba a punto de concluir (hubo elecciones generales en diciembre) y ni la Constitución ni el Reglamento del Senado precisan cómo se debe poner en marcha el 155 con las Cámaras disueltas y el Ejecutivo en funciones.
Desde el Gobierno se estudiaban todos los escenarios. Cataluña celebró elecciones en septiembre de aquel año y el nuevo Parlament, en noviembre, aprobó la primera resolución abriendo el denominado procès hacia la independencia, una iniciativa que apostaba por la «desconexión democrática» de Cataluña, la apertura de un proceso constituyente y la intención de «desobedecer» a las instituciones del Estado, en especial al Tribunal Constitucional.
La respuesta de los letrados a García-Escudero, según las fuentes consultadas por Europa Press, fue que había argumentos jurídicos suficientes para entender que un Gobierno en funciones podía decidir la aplicación del 155 y enviar una propuesta al Senado para su aprobación.
LA DIPUTACIÓN ASUME TODAS LAS FUNCIONES
También respaldaron que la Diputación Permanente, en caso de que la Cámara estuviera disuelta por las elecciones, podía debatir y votar la iniciativa que le enviara el Gobierno. La Diputación es el órgano que da continuidad a la institución entre legislaturas, o en periodos de vacaciones, y según la Constitución «asume las facultades que correspondan» al Senado, lo que impide que se produzca un vacío.
Aquel año no se llegó finalmente a dar ningún paso para poner en marcha el 155, algo que sí ocurrió por primera vez en 2017, tras el referéndum independentista: así, el Gobierno de Mariano Rajoy tomó la iniciativa y planteó al Senado una serie de medidas, que los grupos parlamentarios discutieron, modificaron y finalmente aprobaron.
