UGT critica que la AIReF proponga retrasar la jubilación cuando se facilita despedir a trabajadores mayores

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha criticado este martes la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de ampliar el período para calcular las pensiones y retrasar la edad efectiva de jubilación, pues recuerdan que el sistema laboral «no permite que la gente trabaje hasta el último día de trabajo» y las empresas cuentan con facilidades para sustituir a trabajadores mayores, «una posibilidad de despido casi libre».

«No se puede decir que la solución al sistema es subir la edad de jubilación cuando sabemos que las empresas no van a respetar esa edad, que podría ser necesaria o deseable, de jubilación», ha criticado la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, en declaraciones a los medios frente al Congreso, durante una concentración de pensionistas convocada por este sindicato con motivo del Día Internacional del Mayor.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha planteado este martes en un desayuno informativo profundizar la reforma de pensiones de 2013, alargando la edad efectiva de jubilación hasta los 67 años y ampliando a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones.

Barrera ha criticado que, a partir de los 50 años, «los trabajadores no son válidos para las empresas» y que la propia reforma laboral permite «una posibilidad de despido casi libre» para «sustituir trabajadores con antigüedad, derechos consolidados y capacidad salarial más importante que trabajadores que entran sin experiencia y menos salario».

Por ello, ha reclamado «un poco de cordura en el mercado laboral» y «que se acometa esa reforma, porque es vital», ya que la reforma laboral de 2012, ha criticado, no establece ninguna jerarquía de las causas económicas que permiten despedir trabajadores, lo que facilita su salida de las empresas.

RECORTES EN LAS PENSIONES SI SE AMPLÍA EL PERÍODO DE CÓMPUTO

Por otro lado, ha rechazado que se amplíe a toda la vida laboral el período para calcular la cuantía de la pensión, pues cree supondría «un verdadero drama» y un recorte en las pensiones de hasta un 20%.

«Va a haber personas que van a ver muy reducida su pensión, porque nuestro sistema laboral no permite que la gente trabaje hasta el último día. Son dos cosas incompatibles», ha criticado Barrera, que cree que en caso de que los trabajadores puedan completar sus carreras laborales, ese tipo de medidas serían innecesarias.

LA PRIMERA LEY, LA SUBIDA DE LAS PENSIONES

Asimismo, Barrera ha reclamado la necesidad de abordar un saneamiento de la Seguridad Social, descargando el sistema de gastos impropios, mejorando sus ingresos, y garantizando la revalorización de las pensiones al ritmo de la inflación.

En este sentido, ha reclamado que la subida de las pensiones al IPC sea la primera ley que apruebe el nuevo Congreso, una vez se constituya de nuevo tras las próximas elecciones del 10 de noviembre. La dirigente de UGT ha avanzado que, junto con CC.OO., solicitará el apoyo a esta medida a todos los grupos parlamentarios en los próximos días.

VUELTA A «UN 0,25% DE MIERDA»

Junto a ella, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT, Anatolio Díez, ha reivindicado el blindaje en la Constitución del sistema público de pensiones, la suficiencia de estas prestaciones y la derogación de la reforma de 2013.

«Cuando pensábamos que ya estaba consolidado la subida de las pensiones con el IPC, nos encontramos una subida del 0,25% de mierda», ha criticado, recordando que, si no se pone remedio con otra nueva ley, volverá a entrar en vigor el índice de revalorización de pensiones con la famosa fórmula que, en caso de desequilibrio financiero, condena a estas prestaciones a una subida mínima.

El sindicato ha defendido ante el Congreso diferentes medidas para fortalecer el Estado de Bienestar ante el envejecimiento de la población, con medidas como la revisión del copago de medicamentos, la mejora del sistema de dependencia, estrategias contra la pobreza, el derecho a la muerte digna, un parque público de vivienda y medidas para combatir la soledad.