Un grupo opositor cubano en España pide a Borrell una reunión y que vea a disidentes en La Habana
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que representa a opositores residentes en España, ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, una reunión antes de su próximo viaje a La Habana.
Además, el OCDH ha pedido a Borrell que «reciba y escuche» en Cuba a representantes de grupos opositores, «única manera de conocer las dos caras de la realidad cubana actual». En opinión de este grupo, ese contacto le será también a Borrell «de gran utilidad incluso de cara a la nueva responsabilidad» al frente de la diplomacia europea.
Borrell viajará a La Habana a mediados de mes, aún como jefe de la diplomacia española en funciones, para una sesión de «consultas políticas». Este es el mecanismo habitual de relaciones bilaterales entre dos países, pero no existía entre España y Cuba hasta que, el pasado noviembre, Pedro Sánchez viajó a La Habana y firmó su puesta en marcha con Miguel Díaz Canel. Borrell y Bruno Rodríguez celebrarán las primeras consultas de nivel ministerial.
En su carta a Borrell, el OCDH pide que «si realmente hay voluntad política para ayudar a resolver el problema cubano, comiencen por incluir a todos los actores de la sociedad civil y la oposición, en Cuba y en el exilio, en las iniciativas». «De lo contrario, simplemente estarán ustedes favoreciendo intereses espurios ajenos a las nobles pretensiones que proclama la UE», advierte.
Este grupo opositor considera que la UE ha «suspendido su juicio moral en sus relaciones con Cuba, cuando ha sido escrupulosamente exigente en el respeto a los derechos y las libertades con terceros países y con sus Estados miembros».
Además, advierte de que poner el énfasis en cuestiones relacionadas con las inversiones españolas en Cuba puede trasladar a la opinión pública «que a España lo único que le interesa son sus intereses económicos» y que un «contexto de represión y limitaciones a los derechos y libertades fundamentales, como el actual, es algo aceptable para la UE y para el Gobierno de España».
