Vox propone a la juez Alaya para proteger a los denunciantes de corrupción y premiarles con un 10% de lo recuperado

Aprovecha para plantear que prohíba por ley indultar a los presos del procés y enviarlos a Cataluña a cumplir sus penas

MADRID, 10

Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que pretende proteger de forma integral a los denunciantes de corrupción y recompensar su contribución premiándoles con un 10% del dinero recuperado. Además, plantea crear una Autoridad Independiente que los proteja y para dirigirla ya proponen a la que fuera instructora de los ERE en Andalucía, la juez Mercedes Alaya.

Con esta iniciativa, Vox pretende, en primer lugar, dar una protección «eficaz» a los denunciantes de prácticas corruptas, «el eslabón más débil en la cadena», para así estimular que revelen las información de la que disponen sin temor a represalias y a que se les vea «casi como a héroes», según ha apuntado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Y, en segundo lugar, también quiere reconocer su contribución para «prevenir daños y detectar amenazas o perjuicios para el interés público» con el fin de atajar una lacra que, según un estudio de 2017 de la Comisión Europea, supone una pérdida de beneficios por la falta de protección de los denunciantes de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales, sólo en el ámbito de la contratación pública en el conjunto de la UE.

UNA DIRECTIVA PENDIENTE DE TRASPOSICIÓN

Esta propuesta supone, en definitiva, «un paso decisivo para poner fin a la situación de absoluto desamparo en la que, en la actualidad, se encuentran los denunciantes de corrupción», y dar cumplimiento pleno a la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción, aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril.

En la pasada legislatura, Ciudadanos ya presentó una ley ómnibus contra la corrupción y por la protección de los denunciantes, pero la iniciativa, que fue tomada en consideración por el Pleno en febrero de 2017, no llegó a completar su tramitación.

En concreto, Vox sugiere en su texto la creación de un Estatuto de protección de los denunciantes de corrupción para asegurar su inmunidad personal, profesional y familiar, esto es, regular por ley que no se persiga al denunciante por corrupción, pero tampoco a los periodistas o a los medios que publiquen información relativa a posibles prácticas corruptas.

Y SANCIONES DE HASTA 400.000 EUROS

Yendo un paso más allá de lo aprobado recientemente por la Eurocámara, la formación que capitanea Santiago Abascal propone «incentivar la acción de denuncia» reconociendo a los denunciantes un premio del 10 por ciento del importe total en que se cifre el perjuicio al erario, y también, ya dentro del régimen sancionador, la proposición recoge sanciones de que van desde los 200 a los 400.000 euros en función de la gravedad.

Asimismo, plantea crear una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción que garantice la efectividad de los derechos de los denunciantes de corrupción, un organismo con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y que, sólo a efectos organizativos, quedará adscrito al Ministerio de Justicia.

En este sentido, señala que los candidatos a ocupar la Presidencia de este órgano sean propuestos al Congreso por organizaciones sociales de ámbito nacional que trabajen ya contra el fraude y la corrupción en España, así como por los grupos parlamentarios. De entrada, no obstante, Vox sugiere para ese puesto a la que fuera la juez instructora del escándalo de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, «si ésa fuera su voluntad».

Esta Autoridad Independiente se encargará de estudiar las denuncias presentadas y de dar traslado a la Fiscalía de la posible existencia de un posible delito y de informar del peligro para la persona, libertad o bienes del denunciante o de su entorno con el fin de que la autoridad judicial puedan adoptas las medidas de protección oportunas. Pero este organismo de nuevo cuño, según plantea Vox, también podrá ejercer la acusación particular.

CAMBIOS EN OTRAS LEYES

En su texto, los de Santiago Abascal proponen, en sus disposiciones adicionales, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para derogar los plazos máximos de duración de la instrucción de los procesos penales que el PP introdujo en el año 2015, puesto que esta medida, a su juicio, no sólo no se acompañó del necesario refuerzo de medios personales y materiales sino que, además, favoreció el archivo automático de diversas causas penales.

Además, quiere modificar la Ley de Indulto, que data de 1870, para prohibir esta medida de gracia en delitos de terrorismo, de financiación ilegal de partidos, o contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

En esta lista, Vox también incluye los delitos cometidos contra la Constitución, las instituciones del Estado y la comunidad internacional; los de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la Defensa Nacional; así como los de rebelión y sedición, y contra el orden público.

También propone reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los condenados cumplan sus penas en comunidades en las que no tengan representación parlamentaria partidos que hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las instituciones del Estado, cuando se trate de internos condenados por delitos de terrorismo, contra la Constitución, las instituciones del Estado, la comunidad internacional y/o traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, rebelión, sedición y contra el orden público.

Con esta medida, según ha explicado la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, buscan poner fin a la «alarma tan extraordinaria» que supone el «trato privilegiado» recibido, por ejemplo por Oriol Pujol, y para evitar también que se les de el mismo a los parlamentarios independentistas que se encuentran en prisión preventiva por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.