Feijóo advierte que la «interpretación torticera» de la Ley para Ence también pone en riesgo «conserveras y depuradoras»
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que la postura del Gobierno ante la prórroga de la concesión a la planta de la papelera Ence en Pontevedra, con una «interpretación torticera» de la Ley, pone también en riesgo el futuro conserveras y «decenas» de depuradoras.
Tras denunciar el «conjunto de frivolidades del Gobierno», antes de participar en un acto del PPdeG sobre pesca en Teo (A Coruña), ha mostrado su «preocupación» ante las prórrogas concedidas, «de acuerdo con la misma normativa», a otras empresas que «están trabajando en el ámbito de dominio público marítimo», en concreto, a algunas conserveras.
«Dejémonos de bromas, volvamos a la seguridad jurídica y dejemos trabajar a Alcoa, a Ence, a las conserveras gallegas, a Meirama», ha remarcado.
Ya en el acto celebrado en el Hotel Congreso, ante representantes del sector de la pesca en Galicia, Feijóo ha cifrado en 80.000 los empleos que genera en la comunidad la tala de madera y en 300 millones los ingresos, de los que «más de 160 millones» proceden de la compra por parte de Ence.
Ante esto, ha apuntado que la interpretación «interesada y torticera» de la Ley de Costas por parte del Gobierno actual socialista, «en sentido contrario al anterior» pese a que «la ley es la ley y solo se puede mudar con una reforma posterior», tendría que ser igual para Ence que para otras compañías, como conserveras o depuradoras.
«Si pensamos que una interpretación interesada y torticera puede fastidiar a una empresa de pasta papel… es la misma que nos van a hacer en el sector pesquero y conservero, nos podemos quedar sin decenas de depuradoras y sin varias industrias conserveras», ha asegurado.
Así, Feijóo ha sugerido que la interpretación de la Ley de Costas «automáticamente se extenderá a conserveras y depuradoras», pero también se podría llegar a cuestionar «si la concesión a bateas hasta 50 años es legal o ilegal».
Así, ha pedido, desde una comunidad con 2.500 kilómetros de costa, «seriedad» con empresas en zona marítimo terrestre que necesitan «seguridad». Y ha concluido que «si no contaminan, si cumplen declaraciones de impacto ambiental, si cumplen emisiones y si cumplen la ley», «no» se puede «jugar» con concesiones en zona marítimo terrestre.
