Bachelet pide al Parlamento que no apruebe una amnistía para violaciones graves de los DDHH
MADRID, 6
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido este miércoles de que el borrador de ley sobre Reconciliación Nacional que se debate en el Parlamento de El Salvador supondría una «amnistía absoluta e incondicional» para violaciones graves de los Derechos Humanos durante la guerra (1980-1992).
«Si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador», ha dicho la Alta Comisionada.
«Las amnistías para los delitos más serios, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, son contrarias a la ley internacional», ha agregado Bachelet.
El proyecto de ley ha sido propuesto por el presidente de una comisión de la Asamblea Legislativa creada en respuesta a un fallo del Tribunal Supremo de 2016 que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993.
Así, el Supremo pidió una nueva ley de reconciliación nacional antes de julio de 2019 que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas, y que ofreciera garantías de que esos delitos no se repetirían.
«En lugar de lograr estos objetivos cruciales, el anteproyecto presentado podría impedir que los derechos de las víctimas se cumplan», ha manifestado Bachelet, quien ha recalcado que «al otorgar impunidad a los autores de delitos muy graves, aumentaría la probabilidad de que esos hechos se repitiesen».
En este sentido, la ONU ha alertado de que el borrador contiene cláusulas que impedirían la investigación, el encausamiento y la sanción de graves delitos perpetrados durante el conflicto y que privarían a las víctimas del pleno acceso a la justicia, al tiempo que suprimiría las penas de cárcel.
Según la Comisión de la Verdad, creada en el marco del acuerdo de paz que puso fin al sangriento conflicto, más de 75.000 personas fueron asesinadas durante el conflicto interno en El Salvador. Hasta 2016, los responsables de esas graves violaciones de los Derechos Humanos gozaron de una impunidad casi total.
Bachelet ha recordado que el fallo del Supremo derivó en avances en materia de justicia y en la apertura de investigaciones, si bien por ahora ninguna ha llegado a la fase de juicio oral.
«Esos fueron avances importantes, pendientes desde hacía tiempo, hacia el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. La rendición de cuentas es fundamental para ayudar a que la sociedad supere las terribles consecuencias del conflicto, para asegurar que nunca más vuelvan a ocurrir, y para permitir que el Estado de Derecho se arraigue» ha explicado.
«Exhorto a los legisladores a que aprovechen la oportunidad histórica de crear condiciones para la reconciliación, mediante la aprobación de una ley que permita la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición en beneficio de las víctimas. Mi oficina está dispuesta a proporcionar asistencia técnica al respecto», ha remachado.
