Gobierno riojano recurre al TC la Ley de protección de animales porque da un «paso atrás» en tradiciones como «la caza»

García Egea acusa a «los comunistas» de querer implantar un «arma arrojadiza» para «abrir la puerta a la prohibición de la caza»

MADRID, 26

El Gobierno de la Rioja ha interpuesto este martes un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de protección de los animales en La Rioja al considerar que da «un paso atrás en las tradiciones» de España y «desprotege los ecosistemas».

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha asistido al Tribunal Constitucional (TC) acompañado del senador Ignacio Cosidó y del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha explicado que su partido está en contra porque la «falsa» ley «no trata de defender a los animales» sino que es «un paso atrás en las tradiciones» del mundo rural como es la caza.

García Egea ha acusado a «los comunistas» de querer implantar un «arma arrojadiza» para «abrir la puerta a la prohibición de la caza, de la actividad ganadera, el control de especies y a la prohibición de todo tipo de uso que han tenido los animales en colaboración con el ser humano».

Además, ha asegurado que la ley tiene una «ideología en torno al medio ambiente claramente excluyente con aquellos que trabajan y viven en el mundo rural». «No hay nadie que quiera proteger más a los animales que los cazadores, los ganaderos y la gente que se dedica al campo», ha insistido.

Por ello, ha señalado que el PP se posiciona «frontalmente» a los partidos que apoyan esta ley y promete que será «un muro de contención para evitar que esas ideologías entren en el campo» con la intención de «disfrazar» una realidad que, a su juicio, «no existe».

Por su parte, Ceniceros ha destacado que se ha presentado el recurso porque su gobierno cumple «con una de sus obligaciones» con la ciudadanía. «Damos un paso adelante para que de alguna forma el TC revise esta ley chapucera que se aprobó en el parlamento de La Rioja con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y Podemos», ha puntualizado.

Ceniceros ha explicado que es una ley que «regula aspectos en los que claramente hay inconstitucionalidad porque deja «indefensos y desprotegidos a colectivos o incluso a ayuntamientos» de la región riojana. Además, considera que con la nueva regulación «se imponen sanciones administrativas para infracciones como el maltrato animal que ya son delitos según el Código Penal».

La decisión ya fue anunciada por el jefe del Gobierno de La Rioja durante la última sesión parlamentaria, celebrada el 14 de febrero, y al día siguiente, el Consejo de Gobierno acordó la interposición del citado recurso y encomendó la representación y defensa del Gobierno regional a la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

El recurso de inconstitucionalidad se refiere expresamente a los artículos 6, 7, 10, 12, 30, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 54, y 55, que tienen relación con el sacrificio de los animales, actuaciones de inspección y registro, así como la venta, donación y cesión de animales.

Respecto a las obligaciones establecidas para llevar a cabo el sacrificio de animales determinando qué profesional es el habilitado para hacerlo y cuáles son los espacios en los que tiene que llevarse a cabo, Ceniceros ha asegurado que esta ley es «contraria a la normativa estatal que prescinde de la autorización de la administración competente».

Del mismo modo, la obligatoriedad de inscribir todos los animales en un libro de registro oficial «impone obligaciones adicionales que no son necesarias y que vulneran la garantía de la unidad de mercado».

Por otro lado, en relación con la compra y venta de animales, el Gobierno de La Rioja considera que la Ley autonómica «se excede en obligaciones para los titulares de los animales no exigidas por la normativa estatal y que son contrarias a las propias normas de La Rioja, y asimismo impone gravámenes contrarios a la Ley de Unidad de Mercado y a la Directiva de Servicios».

El Gobierno de Ceniceros también entiende que no prever la necesidad de autorización judicial durante el ejercicio de las labores de inspección para la entrada en el domicilio de las personas, «vulnera el artículo 18 de la Constitución que garantiza elderecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».