El Gobierno no descarta revocar el límite en los plazos de instrucción por medio de un real decreto
MADRID, 21
El Gobierno ha asegurado que «adoptará todas las medidas que el ordenamiento permita», sin descartar un real decreto ley, para derogar la reforma realizada en 2015 del artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Este artículo supone acortar los plazos de instrucción, algo que a juicio del Gobierno conlleva riesgos de impunidad en casos como los de corrupción.
De esta forma, el Gobierno responde por escrito a una pregunta del senador de Podemos Joan Comorera, quien le instaba a usar los instrumentos legislativos necesarios para derogar ese artículo. El Ejecutivo reconoce que «con la pretendida justificación de la agilización de la justicia», se estableció un estricto control de los plazos de instrucción en los procedimientos penales que «ha merecido numerosas críticas por haber dado lugar a resultados injustos».
Inciden en la respuesta en que ese acortamiento de plazos, que quedó reducido a seis meses de máximo, genera un riesgo de impunidad o absolución en procedimientos tan relevantes como los dirigidos a la lucha contra la corrupción. Según aclaran, puede conllevar sobreseimientos «ante el transcurso de los plazos sin haber podido obtener fuentes de prueba relevantes», o puede conllevar que acaben en juicio oral procedimientos que no tienen un sustento probatorio suficiente.
El Ejecutivo, en su escrito de respuesta, añade que esto puede generar «indefensión para las víctimas de los delitos y para el sistema penal en su conjunto». Además, el Gobierno recuerda en la respuesta que el Grupo Socialista, antes y después de llegar a La Moncloa, ha impulsado en todo momento la derogación del precepto desde la promulgación del mismo hace tres años.
Comorera recuerda en su escrito al Gobierno que hasta tres grupos parlamentarios han propuesto la derogación de ese precepto, y ha recalcado que los plazos de enmienda a la última de las proposiciones de ley se ha ampliado en más de 50 ocasiones «inexplicablemente». Según denuncia el senador de Podemos, este hecho revela «una exigua voluntad» de algunos grupos por poner fin al riego de impunidad que acarrea este sistema de plazos.
