Cs lleva a votación del Congreso su propuesta para que el Tribunal de Cuentas fiscalice el uso de dinero público el 1-O
Ciudadanos someterá a votación la próxima semana en el Parlamento una iniciativa con la que persigue que el Tribunal de Cuentas se encargue de fiscalizar el posible desvío de recursos públicos a la organización del referéndum independentista celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.
El partido naranja registró esta proposición no de ley el pasado mayo después de que el Gobierno de Mariano Rajoy viniera asegurando que no se había destinado ni un euro público a la financiación de esa consulta ilegal. Siete meses después, su texto será debatido el próximo miércoles en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En su propuesta, recogida por Europa Press, los de Albert Rivera buscan en concreto que la institución que ahora preside María José de la Fuente incluya en su Programa de Fiscalizaciones para 2018 un informe integral sobre la posible financiación con dinero público del 1-O.
Según recuerda Cs, el que fuera ministro de Hacienda Cristóbal Montoro aseguró en su día que el Estado garantizaría que «ni un solo euro del presupuesto de la Generalitat» fuese destinado a financiar partidas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ni que las decisiones políticas de la Generalitat pudieran poner en riesgo la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica y la estabilidad presupuestaria, incluido el pago a proveedores.
No obstante, añade Ciudadanos, el Ministerio de Hacienda denunció posteriormente por carta al fiscal general del Estado que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) no le había facilitado ningún expediente de gasto del ejercicio 2017, con lo que no pudo verificar si el organismo financió con dinero público el referéndum, y su titular, Cristóbal Montoro, reconoció además posibles facturas falsas no detectadas para financiar esa consulta.
«ABUNDANTES RECURSOS DERROCHADOS»
Otra muestra de los «abundantes recursos derrochados» en esa consulta, según enumera Cs, son los anuncios emitidos en TV3, en horario de máxima audiencia, con el logo de la Generalitat convocando el referéndum; varios portales de Internet con los distintivos oficiales de la Generalitat para organizar el 1-O; las propias urnas y papeletas, y el dinero gastado por el Govern de Carles Puigdemont desde el 30 de octubre de 2017, cuando huye junto a otros cuatro consejeros a Bruselas.
«Es evidente que la Generalitat presidida por Puigdemont reunió, organizó y destinó cuantiosos recursos a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre», subraya Ciudadanos, quien cree que lo que no está tan claro es «cuál pudo ser el origen de estos fondos y si pudieron ser recursos públicos distraídos a un finalidad distinta de la permitida».
De hecho, los naranjas señalan que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como el juez instructor de la causa contra el proceso secesionista, hallaron indicios de malversación, de acuerdo con los resultados de las investigaciones de la Guardia Civil, por un presunto desvío de fondos públicos a los fines secesionistas por parte de los miembros del Govern.
QUE COMPRUEBE EL PERIODO 2015-2017
En todo caso, y al margen de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la investigación policial y judicial, Cs cree «necesario» que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización del funcionamiento de los controles de la legalidad del gasto público desde 2015 (al menos desde el 26 de octubre, fecha en la que se inició la XI Legislatura en el Parlament catalán) a 2017, a finales de cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas.
Dicho informe, según detalla, deberá abarcar tanto el sector público de presupuesto limitativo integrado por las todas las consellerías como los organismos autónomos y sociedades mercantiles públicas de presupuesto estimativo dependientes del Govern de Cataluña.
