Batet se reúne con los colectivos que ya no serán discriminados por su diagnóstico en el acceso al empleo público
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se ha reunido este martes con representantes de asociaciones y organizaciones que representan a los colectivos hasta ahora afectados para acceder a al empleo público por su diagnóstico médico y que, tras el acuerdo aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, podrán acceder en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
Los representantes de colectivos que se han reunido con la ministra son Julio Gómez Caballero, de Trabajando en Positivo; Santiago Alfonso Zamora y Antonio Manfredi Díaz, de Acción Psoriasis; Ramón Espacio Casanovas y Antonio Poveda, de CESIDA; Alejandra Fernández Barrena y Begoña Agüero Oláiz, de FACE; Antoni Lorenzo Garmendia y Mercedes Maderuelo, de FEDE; y Sara Collado, de FELGTB.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un acuerdo para actualizar el catálogo de las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público, que todavía operaba en determinados ámbitos, como los referidos a las fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de vigilancia aduanera y los de instituciones penitenciarias.
La medida elimina el VIH, la diabetes, la enfermedad celiaca y la psoriasis de las causas genéricas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público y, en consecuencia, promueve la modificación por los departamentos ministeriales competentes de aquellas normas reglamentarias que contemplen estas y otras enfermedades como causa de exclusión al empleo público.
El acuerdo se aplicará a todas las convocatorias (personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar) que tengan lugar a partir de ahora y, en todo caso, a partir de las derivadas de la oferta de empleo público del año 2020. Estas se adaptarán a la evidencia científica actual y se valorará durante la evaluación de los y las aspirantes su situación clínica y no solo su diagnóstico.
Esta medida, que ha sido defendida por este Gobierno y que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios en las diversas iniciativas presentadas en las Cortes, pone fin a una discriminación histórica que sufrían más de siete millones de personas que tienen alguno de los diagnósticos mencionados.
