España pide garantías por escrito a servicios jurídicos de UE sobre Gibraltar para no vetar acuerdo del Brexit

El Gobierno de Sánchez apunta a esta fórmula como posible solución que le haría desistir del veto

El Gobierno español daría luz verde al acuerdo de salida del Reino Unido de la UE si los servicios jurídicos de la Comisión Europea y del Consejo garantizan por escrito que el controvertido artículo 184 introducido a última hora por Reino Unido no se aplica a Gibraltar, ha desvelado el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano.

Preguntado expresamente si el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que amenaza con vetar el acuerdo, se contentaría con esa fórmula, el secretario de Estado ha contestado: «Sí, bueno, a falta de ver el texto exacto y someterlo a mis consejos jurídicos, ésa es la idea, sí».

Ese artículo 184 del Tratado de Retirada, introducido en opinión de España «con nocturnidad y alevosía» por el Gobierno de May, sin que el equipo negociador europeo viera motivos de alarma para España y le advirtiera, apunta que la UE y Reino Unido deberán negociar de manera «expeditiva» las condiciones de la nueva relación, sin mencionar la situación particular de Gibraltar.

En opinión del Gobierno español, la redacción actual del artículo 184 del Tratado de Retirada «pone en cuestión la capacidad española de negociar con Reino Unido el futuro de Gibraltar» y esto «no es aceptable para España», en palabras del propio Sánchez.

Si bien los servicios jurídicos de la Comisión y el Consejo no ven en la actualidad el riesgo que sí percibe España, el secretario de Estado ha recordado que su responsable dejará el cargo en un año y cabe la posibilidad de que quien le sustituya haga una interpretación jurídica distinta con respecto a este artículo.

SÁNCHEZ EXIGIÓ LA RETIRADA DEL ARTÍCULO

En una larga conversación telefónica mantenida el miércoles entre May y Sánchez, éste le exigió que retirara el controvertido artículo, pero la premier se negó.

Este jueves, según lo expresado por Marco Aguiriano, España podría contentarse con que los servicios jurídicos europeos dejaran por escrito, en un instrumento legalmente vinculante, que ese artículo no se aplica para el Peñón.

El Gobierno, según ha explicado el secretario de Estado, quiere garantías de que España mantiene lo que hasta el momento había conseguido en la negociación, esto es, que para que cualquier aspecto de la relación futura entre la UE y Reino Unido se aplique a Gibraltar deberá haber un acuerdo previo entre Madrid y Londres. Y esa negociación debe estar separada de la que la UE mantenga con Reino Unido con carácter general.

En palabras de Marco, España quiere mantener «la capacidad de negociar sobre Gibraltar con el Reino Unido bilateralmente y llegar a acuerdos», una capacidad que la propia Theresa May ha reconocido en público. De hecho ambos Gobiernos han pactado cuatro memorandos y un tratado fiscal para facilitar la salida ordenada del Peñón de la UE durante el periodo transitorio desde el Brexit hasta que se acuerde la futura relación.

«Ni más ni menos. Y tenemos hasta el domingo. Vamos a ver qué es lo que nos proponen y estamos negociando. Lo analizaremos tranquilamente y ya veremos si es aceptable, o renegociable o no», ha zanjado el secretario.

Con respecto a los memorandos y el acuerdo fiscal, Marco Aguiriano ha indicado que se pueden poner en marcha incluso en el caso de que no hubiera acuerdo de retirada, siempre y cuando España y Reino Unido, que son quienes se disponen a firmarlos, estén de acuerdo.

OBJETIVO: IGUALAR EL NIVEL DE GIBRALTAR Y EL CAMPO

Esos acuerdos constituyen, a juicio del Gobierno, un paquete de medidas que contribuirán a reducir el actual «desequlibrio» económico entre el Campo de Gibraltar y el Peñón.

El acuerdo fiscal obliga a Gibraltar a establecer con España la cooperación necesaria para conseguir la transparencia total del Peñón en materia fiscal, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal y terminar con los efectos perjudiciales del actual régimen fiscal gibraltareño.

El memorando sobre tabaco pretende reducir la diferencia de precios existente como mecanismo para combatir el contrabando, mientras que el acuerdo en materia medioambiental permitirá que la pesca tradicional artesanal española pueda llevarse a cabo en las aguas en disputa con total normalidad. También incluye el compromiso firme de los gibraltareños para una moratoria en su política de rellenos para ganarle terreno al mar.